CON EL RESPALDO DE SECTORES DE LA OPOSICIÓN Y LA LIBERTAD AVANZA, SE REABRE LA DISCUSIÓN SOBRE LAS "CAJAS" SINDICALES Y LA DEMOCRATIZACIÓN GREMIAL, GENERANDO RECHAZO ENTRE LOS SINDICATOS QUE VEN AMENAZADO SU PODER DE REPRESENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO.
El Congreso argentino vuelve a poner en el centro de la escena un tema que tensiona las relaciones entre el poder político y el movimiento sindical: la reforma de las leyes que regulan el funcionamiento de los gremios. En una nueva reunión de la Comisión de Legislación del Trabajo, prevista para este martes, se debatirán proyectos que buscan modificar aspectos clave de la Ley de Asociaciones Sindicales (23.551) y de Convenciones Colectivas de Trabajo (14.250), con especial foco en las denominadas "cajas" sindicales, como la cuota solidaria, y en la estructura de poder interno de las organizaciones gremiales. Desde el arco sindical, la iniciativa es vista como un ataque directo a su autonomía y capacidad de acción, en un contexto de creciente conflictividad social y a pocos días del paro general convocado por la CGT para el 10 de abril.
El radicalismo, liderado por figuras como Fabio Quetglas y Martín Tetaz, impulsa una agenda de "democratización sindical" que incluye la eliminación de la cuota solidaria obligatoria –un aporte que los trabajadores, afiliados o no, realizan a los sindicatos por los beneficios obtenidos en las negociaciones colectivas–. Esta medida, que ya cuenta con el aval de un sector de La Libertad Avanza y de bloques como el PRO y la Coalición Cívica, es interpretada por los gremios como un intento de desfinanciarlos, debilitando su capacidad de sostener obras sociales, servicios y acciones de defensa de los derechos laborales. "Quieren asfixiarnos económicamente para que no podamos representar a los trabajadores", advirtió un dirigente de la CGT, bajo reserva de identidad.
Otro punto caliente del debate es la propuesta de limitar los mandatos de los dirigentes sindicales a un máximo de cuatro años, con una sola reelección posible, y la exigencia de presentar declaraciones juradas patrimoniales. Desde el sindicalismo, estas iniciativas son cuestionadas como una injerencia indebida en la vida interna de las organizaciones. Hugo Yasky, líder de la CTA, salió al cruce: "Hablan de democratización, pero lo que buscan es controlar y desarmar a los sindicatos. La autonomía y la libertad sindical, garantizadas por la Constitución y los convenios internacionales, están en riesgo". En la misma línea, Mario Manrique, diputado y referente de SMATA, calificó los proyectos como "una maniobra para desfinanciar y debilitar al movimiento obrero", subrayando que "no hay intención de mejorar los salarios ni las condiciones de los trabajadores".
Entre los proyectos más destacados, el de Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) propone prohibir que los sindicatos reciban aportes económicos de empleadores o entidades políticas, mientras que Gerardo Milman (PRO) y Ricardo López Murphy (Hacemos Coalición Federal) apuntan específicamente a derogar las cláusulas de solidaridad. Por su parte, Quetglas busca una reforma más amplia, sumando transparencia financiera y límites a la perpetuidad en los cargos. Sin embargo, los gremios advierten que estas medidas, lejos de modernizar el sistema, erosionan la base de su poder negociador, esencial para equilibrar las asimetrías entre trabajadores y empleadores.
El timing del debate no es casual. Con un paro nacional a la vista y un clima de tensión con el gobierno de Javier Milei, los sindicatos perciben esta avanzada legislativa como parte de una estrategia más amplia para reducir su influencia en un momento crítico. "No es solo una cuestión de fondos, es un ataque a nuestra capacidad de resistencia", señaló un referente de la CGT. La oposición dialoguista, en tanto, defiende la necesidad de "aggiornar" el modelo sindical a los tiempos actuales, argumentando que la falta de alternancia y transparencia genera cuestionamientos legítimos.
El resultado de esta pulseada en el Congreso será clave para el futuro del movimiento obrero argentino. Mientras los bloques legislativos buscan avanzar con dictámenes, los gremios preparan una respuesta contundente, tanto en las calles como en los pasillos del poder. En un país donde los sindicatos han sido históricamente un pilar de la defensa de los trabajadores, el debate sobre sus "cajas" y su estructura interna promete ser una batalla de alto voltaje.