UN ARREPENTIDO REVELÓ DETALLES DE UN SUPUESTO PLAN IMPULSADO POR EL GOBIERNO LIBERTARIO QUE BUSCARÍA DESFINANCIAR Y CONTROLAR LAS OBRAS SOCIALES INTERVENIDAS, GENERANDO UNA FUERTE REACCIÓN DEL MOVIMIENTO SINDICAL.
Un nuevo frente de conflicto sacude al ámbito gremial tras la filtración de un documento que expone lo que sería un esquema orquestado desde el gobierno nacional para vaciar las obras sociales sindicales intervenidas. Un arrepentido habría entregado un archivo en formato PDF a la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), detallando un presunto modus operandi que involucraría a prestadores, empresarios y figuras clave del sector salud, con el objetivo de debilitar el sistema solidario gestionado por los sindicatos.
El texto, que tomó estado público en las últimas horas, señala que el plan se valdría de las intervenciones ya realizadas en al menos ocho obras sociales —como la del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA),la Obra Social del Personal Mosaista (OSPM), la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT) la Obra Social de Vareadores (OSV), la Obra Social del Personal Ladrillero (OSPL), la del Personal de la Industria Ladrillera a Máquina (OSPILM) y la Obra Social de la Industria del Fósforo (OSPIF) y la de Trabajadores Rurales (OSPRERA)— para desviar fondos y padrones de afiliados hacia empresas privadas. Entre los nombres mencionados figuran Luciano Castello, de Modum Salud, y Sergio Stivelman, gerente general de la SSS, quienes serían piezas clave en la operatoria, junto a un entramado de prestadores como Fundación Hospitalaria y Boreal Salud. Según el denunciante, el esquema incluiría sobreprecios, retornos y facturas apócrifas para justificar gastos inexistentes, afectando directamente las arcas de las obras sociales.
La reacción del sector sindical no se hizo esperar. Dirigentes de diversas organizaciones calificaron la maniobra como “un ataque frontal al corazón del sistema de salud solidario” y advirtieron que pone en riesgo la atención de millones de trabajadores y sus familias. “Esto no es solo un vaciamiento económico, es un intento de desmantelar la estructura sindical y dejar a los afiliados a merced de las prepagas”, afirmó un referente gremial que pidió reserva de identidad. En ese sentido, se anticipan acciones colectivas para exigir una investigación transparente y proteger la autonomía de las obras sociales.
El escándalo coincide con un momento de creciente tensión entre el gobierno y los sindicatos, en medio de políticas que, según las centrales obreras, buscan debilitar el modelo de salud solidario. Mientras la SSS no emitió aún una respuesta oficial, el movimiento gremial se prepara para dar batalla, con rumores de asambleas y posibles medidas de fuerza en el horizonte. “No vamos a permitir que nos quiten lo que construimos con el esfuerzo de los trabajadores”, sentenció otro líder sindical, reflejando el clima de resistencia que comienza a tomar forma.