EL SOEICHA RECHAZA EL DECRETO DEL GOBIERNO QUE INTERVINO POR 180 DÍAS LA OBRA SOCIAL DEL SECTOR, ALERTANDO SOBRE UNA AVANZADA CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria del Chacinado, Tripería y Derivados (Soeicha) expresó su enérgico repudio a la intervención de la Obra Social del Personal de la Industria del Chacinado y Afines (OSPICHA), dispuesta por el Gobierno nacional mediante el Decreto 230/2025, publicado este 26 de marzo en el Boletín Oficial. La medida, que establece una intervención por 180 días prorrogables, designa a Graciano Iván Corte como interventor y surge tras una auditoría de la Superintendencia de Servicios de Salud que señaló irregularidades administrativas y financieras en la entidad.
Desde el gremio, calificaron la decisión como "un ataque directo a la autonomía sindical y a la gestión de los trabajadores sobre sus propias instituciones". En un comunicado oficial, el Soeicha afirmó que la intervención "no solo vulnera los derechos conquistados por el movimiento obrero, sino que también pone en riesgo la atención de salud de miles de afiliados y sus familias, quienes dependen de OSPICHA para su cobertura médica". Según el sindicato, las supuestas irregularidades mencionadas en el decreto –como falta de documentación respaldatoria y deficiencias en la información a los afiliados– son excusas que encubren una intención política de desmantelar las estructuras gremiales.
La intervención se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y diversos sectores sindicales, que han denunciado una política sistemática de ajuste y debilitamiento de las organizaciones de trabajadores. "No es casualidad que esta medida llegue en un momento en que los gremios estamos luchando por salarios dignos y condiciones laborales justas", señalaron desde el Soeicha, apuntando a una supuesta estrategia para "controlar y desfinanciar" las obras sociales sindicales, un pilar clave en la defensa de los derechos de los trabajadores.
El gremio también cuestionó la falta de diálogo previo por parte de las autoridades. "No se nos notificó ni se nos dio la oportunidad de responder a las acusaciones. Esto es una imposición autoritaria que ignora nuestra representación legítima", afirmaron. En este sentido, anunciaron que evaluarán acciones legales y medidas de fuerza para revertir la intervención, incluyendo la posibilidad de movilizaciones junto a otros sindicatos solidarios.
La OSPICHA, que atiende a los trabajadores de la industria del chacinado y sus derivados, es una de las tantas obras sociales sindicales que han enfrentado auditorías e intervenciones en los últimos meses, lo que refuerza la percepción del Soeicha de que existe un plan deliberado para socavar su rol. "No vamos a permitir que nos quiten lo que construimos con años de esfuerzo y lucha. La obra social es de los trabajadores, no del Gobierno", concluyeron desde el sindicato, llamando a la unidad de la clase trabajadora para resistir lo que consideran una avanzada contra sus derechos fundamentales.
El conflicto promete escalar en las próximas semanas, mientras el gremio prepara su respuesta y el interventor designado inicia su gestión en un clima de desconfianza y rechazo por parte de los representados.