FUERTE RECLAMO GREMIAL EN LA CUARTA MARCHA UNIVERSITARIA: DENUNCIAN CAÍDA HISTÓRICA DEL SALARIO Y EXIGEN A LA CORTE POR LA LEY DE FINANCIAMIENTO

DOCENTES, NODOCENTES Y ESTUDIANTES DE TODO EL PAÍS VOLVIERON A MOVILIZARSE ESTE MARTES 12 DE MAYO EN LO QUE REPRESENTÓ LA CUARTA MARCHA FEDERAL UNIVERSITARIA. EL FRENTE GREMIAL UNIVERSITARIO ADVIRTIÓ SOBRE UNA PÉRDIDA SALARIAL DEL 34,2% DESDE FINES DE 2023 Y LE EXIGIÓ AL MÁXIMO TRIBUNAL DE JUSTICIA QUE DESTRABE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO N° 27.795, ANTE LO QUE CALIFICARON COMO UN "DESPRECIO INSTITUCIONAL SIN PRECEDENTES" POR PARTE DEL GOBIERNO NACIONAL.





En una jornada marcada por paros y movilizaciones a lo largo y ancho del país, la comunidad académica llevó adelante este martes la Cuarta Marcha Federal Universitaria. Con su epicentro frente a la Casa Rosada en la Plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, y masivas réplicas en focos neurálgicos como Córdoba, Rosario, Mendoza y Santa Fe, la protesta tuvo un fuerte componente sindical.

El reclamo estuvo encabezado por el Frente Gremial Docente y No Docente —integrado por las principales federaciones nacionales como CONADU, CONADU Histórica, FEDUN, FAGDUT, UDA, CTERA y FATUN— en articulación con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA).


La crisis salarial y presupuestaria en el centro del reclamo

El foco del sector gremial estuvo puesto en el severo deterioro de los ingresos de los trabajadores de la educación y el ahogo financiero de las casas de altos estudios. De acuerdo con los datos esgrimidos por los sindicatos y respaldados por recientes informes de asociaciones civiles (como la ACIJ), el escenario presenta cifras alarmantes para el sector:

  • Deterioro salarial: Los salarios de los docentes y nodocentes cayeron un 8,8% real en términos interanuales (respecto a mayo de 2025) y acumulan una pérdida del 34,2% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023.

  • Caída del presupuesto: La proyección presupuestaria del Gobierno ($4,8 billones) para 2026 prevé una caída del 18,4% real con respecto a 2025, si se tiene en cuenta la inflación estimada. Según los gremios, esto ubica la inversión por estudiante en su nivel más bajo desde el año 2004 ($2,4 millones per cápita).

  • Gastos de funcionamiento: El documento consensuado por los gremios denunció que el poder adquisitivo de las partidas correspondientes a los gastos operativos de las universidades "no ha superado, en ninguno de los meses de la gestión actual, el 64% del que tenía en enero de 2023".



Exigencia a la Justicia y críticas al Ejecutivo

Uno de los momentos más contundentes del acto central fue la lectura del documento unificado, cuyo lema giró en torno a los "203 días sin aplicar la Ley". Los gremios exigieron a la Corte Suprema de Justicia que intervenga y obligue al Gobierno a aplicar de manera inmediata la Ley de Financiamiento Universitario, la cual fue sancionada y ratificada por el Congreso tras el veto presidencial, pero que actualmente se encuentra frenada en la órbita judicial.

"El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la ley ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato", manifestaron los referentes sindicales y estudiantiles desde el escenario. En este sentido, señalaron que las medidas de fuerza se basan en "el carácter alimentario de los salarios".

La respuesta del Gobierno

Mientras las columnas sindicales avanzaban hacia Plaza de Mayo, el oficialismo respondió a las demandas a través de un comunicado difundido por La Libertad Avanza. Desde el Gobierno desestimaron el reclamo, tildando la marcha de tener un "carácter opositor" e intentaron desactivar las acusaciones de desfinanciamiento.

El Ejecutivo aseguró que "ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado en concepto de gastos de funcionamiento". Además, respecto a la trabada Ley de Financiamiento Universitario, argumentaron que la norma "nació suspendida en su ejecución" debido a que el Poder Legislativo no estableció de dónde provendrían los recursos fiscales (estimados en 1,9 billones de pesos) para sostenerla, ratificando que no modificarán su actual política de control del gasto público frente a la presión gremial.








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