EL GREMIO DENUNCIA QUE LA MEDIDA RESPONDE A UNA PRESIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO NACIONAL Y NO A UNA REAL SITUACIÓN FINANCIERA INSOSTENIBLE. ALERTAN POR POSIBLES RECORTES EN PRESTACIONES Y PUESTOS DE TRABAJO
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2025 – La Obra Social de los Empleados Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), que cubre a más de 450.000 trabajadores y trabajadoras del sector rural, formalizó ayer la apertura de un Proceso Preventivo de Crisis (PPC) ante el Ministerio de Trabajo, tal como lo exigió la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en los últimos 15 días.
Desde el Sindicato de Peones Rurales y el Consejo Directivo de la obra social repudiaron la decisión y señalaron que la SSS, bajo la gestión del actual gobierno, “impuso la apertura del procedimiento como condición sine qua non para cualquier tipo de refinanciamiento o asistencia financiera”, a pesar de que la institución venía cumpliendo con los planes de pago acordados previamente.
“Esto no es un problema de gestión gremial, es una maniobra para debilitar a las obras sociales sindicales y avanzar con el modelo de prepagas que beneficia a las corporaciones”, afirmó Ramón Ayala, secretario general adjunto del gremio y vicepresidente de OSPRERA. “Nos obligan a declarar una crisis que no existe para luego justificar intervención o transferencia de afiliados”, agregó.
Fuentes sindicales indicaron que la deuda reclamada ronda los 28.000 millones de pesos, gran parte correspondiente a aportes retenidos por el Estado durante la anterior gestión y a reintegros por tratamientos de alta complejidad nunca girados. Sin embargo, la SSS rechazó los sucesivos planes de regularización presentados y exigió directamente el PPC.
El procedimiento habilita la posibilidad de suspensiones, reducciones de jornada y hasta despidos con indemnizaciones reducidas al 50%. “No vamos a permitir que se toque un solo puesto de trabajo ni una sola prestación de los compañeros del campo”, advirtió el gremio, que ya convocó a asambleas en todo el país y no descarta medidas de fuerza.
Mientras tanto, la obra social mantiene la atención normal en sus más de 120 centros propios y la red de sanatorios convenidos, aunque advierten que la falta de respuestas oficiales puede generar demoras en la autorización de prácticas de alto costo en las próximas semanas.
El sector rural sigue con atención el conflicto, en un contexto donde varias obras sociales sindicales enfrentan situaciones similares por la política de ajuste y desfinanciamiento impulsada desde el Poder Ejecutivo.