EN MEDIO DE PROTESTAS POR EL IRREGULAR TRASPASO DE LÍNEAS MUNICIPALES, DELEGADOS DE LA UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) REPORTAN TRES ALLANAMIENTOS ORDENADOS POR EL INTENDENTE ANDRÉS WATSON, INTENSIFICANDO LA LUCHA POR DERECHOS LABORALES Y SALARIOS ADEUDADOS.
Florencio Varela, 2 de marzo de 2026 - El conflicto en el sector del transporte público en Florencio Varela escaló drásticamente anoche, cuando alrededor de las 22 horas se llevaron a cabo tres allanamientos en las viviendas de trabajadores y delegados de la empresa Transportes San Juan Bautista S.A., quienes lideran las protestas actuales. Según fuentes propias, estos operativos fueron ordenados por el intendente Andrés Watson, en un aparente intento de intimidar a los empleados que defienden sus puestos de trabajo y reclaman el cumplimiento de acuerdos laborales durante el proceso de traspaso de líneas comunales.
El origen de la disputa se remonta a incumplimientos históricos por parte de la empresa, como se detalla en una carta presentada por el secretario general de la UTA, Roberto Carlos Fernández, ante la Delegación Regional Quilmes del Ministerio de Trabajo. En el documento, Fernández solicitaba intervención urgente para garantizar el traspaso de personal conforme a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), incluyendo el pago de deudas salariales, reconocimiento de antigüedad y categorías profesionales. La empresa, caducada en su concesión por decreto municipal en febrero de 2026, no ha satisfecho estas obligaciones, dejando a los trabajadores en una situación de vulnerabilidad.
Actualmente, delegados y un grupo de empleados mantienen cortes en la Avenida Calchaquí frente al Concejo Deliberante, interrupciones en accesos al distrito, el casco céntrico y las vías del ferrocarril Roca. Estas medidas de fuerza responden al proceso de reasignación de líneas a nuevas operadoras como San Vicente SAT, Microomnibus La Colorada S.A. y Microomnibus Primera Junta S.A., sin las garantías exigidas por el sindicato. "No aceptamos un traspaso a dedo que ignore nuestros derechos", declaró un delegado anónimo, destacando que los allanamientos nocturnos representan una escalada represiva contra la organización sindical.
Desde la UTA, se denuncia que estos allanamientos violan principios básicos de libertad sindical y buscan desarticular la protesta pacífica. "Es un ataque directo a los trabajadores que luchan por lo justo, en un contexto donde el municipio prioriza intereses empresarios sobre los laborales", afirmó Fernández en comunicaciones recientes. El gremio exige una audiencia inmediata con autoridades ministeriales para resolver el conflicto, invocando artículos 225 de la LCT y la Ley 23.551 de asociaciones sindicales.
Mientras tanto, las protestas generan demoras en el tránsito y afectan a miles de usuarios, pero los trabajadores insisten en que su lucha es por un servicio digno y el respeto a sus conquistas. La Municipalidad no ha emitido comentarios oficiales sobre los allanamientos, pero fuentes cercanas al intendente Watson justifican la revocación de la concesión por "incumplimientos graves" en la prestación del servicio. El sindicato, sin embargo, advierte que no cederá hasta obtener garantías plenas, y llama a la solidaridad de otros sectores gremiales.
Este episodio resalta las tensiones en el transporte público del Conurbano, donde los derechos laborales chocan con decisiones administrativas. La UTA promete continuar la resistencia, priorizando el diálogo pero lista para defenderse ante cualquier atropello.