EL JUZGADO COMERCIAL N°7 DECRETÓ LA LIQUIDACIÓN DE LA EMBLEMÁTICA CADENA DE ELECTRODOMÉSTICOS, DEJANDO EN LA INCERTIDUMBRE A MILES DE EX EMPLEADOS QUE RECLAMAN SALARIOS CAÍDOS, APORTES JUBILATORIOS E INDEMNIZACIONES ADEUDADAS, EN UN CONTEXTO DE CRISIS AGRAVADA POR EL VACIAMIENTO EMPRESARIAL Y LA CAÍDA DEL CONSUMO.
En un fallo emitido este 5 de marzo de 2026, el juez Fernando D’Alessandro, del Juzgado Nacional en lo Comercial N°7, declaró la quiebra de Garbarino S.A., ordenando la inmediata liquidación de sus activos para saldar deudas con acreedores, proveedores y trabajadores. Esta decisión marca el fin de una prolongada agonía que inició en noviembre de 2021, cuando la empresa entró en concurso preventivo de acreedores, acumulando deudas millonarias y cerrando progresivamente sus operaciones.
Fundada en 1951 por los hermanos Daniel y Omar Garbarino, la cadena se consolidó como líder en el retail de electrodomésticos, con más de 200 sucursales y alrededor de 4.500 empleados en su apogeo. En junio de 2020, fue adquirida por el empresario Carlos Rosales, quien incorporó activos como Garbarino Viajes, la financiera Fiden y plantas en Tierra del Fuego. Sin embargo, la gestión derivó en un derrumbe: cierres masivos de locales, suspensiones y despidos, agravados por la competencia digital y la recesión económica.
Hoy, solo quedan tres locales operativos —en Avenida Cabildo (Belgrano), calle Uruguay (centro porteño) y un outlet en Almagro—, con apenas 18 trabajadores activos, un contraste drástico con su pasado. El cierre reciente del centro logístico en La Tablada afectó a unos 200 afiliados al Sindicato de Camioneros, sumándose a miles de exempleados del Sindicato de Empleados de Comercio (FAECyS) que, desde 2021, denuncian vaciamiento y desvío de fondos.
Esta quiebra representa un fracaso del sistema que prioriza a los acreedores financieros sobre los laborales. Representantes sindicales como Ramón Yapura han advertido que la deuda con trabajadores supera los 15 mil millones de pesos en salarios, aportes y liquidaciones, mientras que el Estado reclama 6.500 millones en contribuciones pendientes. La resolución gubernamental que elimina la prioridad de los empleados en la liquidación agrava la situación, dejando a familias enteras sin resguardo.
El sector retail argentino se estremece: esta caída evidencia la fragilidad ante la competencia online y la baja del consumo, urgiendo medidas de protección laboral y reconversión. Los gremios exigen intervención estatal para garantizar pagos y reubicación, evitando que miles queden en la calle en un mercado ya golpeado por la crisis.