EN UN NUEVO GOLPE AL EMPLEO INDUSTRIAL, LA CERAMISTA ILVA SOLICITÓ DECLARARSE EN CONCURSO PREVENTIVO TRAS DESPEDIR A 300 TRABAJADORES SIN PAGAR INDEMNIZACIONES, PROFUNDIZANDO EL VACIAMIENTO DE LA PLANTA EN PILAR Y DEJANDO A FAMILIAS ENTERAS EN LA VULNERABILIDAD, SEGÚN DENUNCIAN LOS GREMIOS.
La crisis en la fábrica de cerámicos ILVA, ubicada en Pilar, Buenos Aires, escaló dramáticamente esta semana cuando la empresa presentó ante la Justicia un pedido de concurso preventivo, apenas días después de enviar telegramas de despido a 300 operarios sin abonar las indemnizaciones correspondientes. Esta maniobra, vista por los sindicatos como un intento deliberado de vaciamiento, busca reorganizar deudas y potencialmente reducir pagos a los trabajadores afectados, invocando una supuesta crisis financiera que los gremios cuestionan.
Desde el enfoque gremial, esta acción representa un ataque frontal a los derechos laborales. "Es un vaciamiento sistemático", denunció un delegado del Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas (SOECRA), quien acusó a la dirección de ILVA de priorizar ganancias corporativas sobre el sustento de las familias. Los despedidos, muchos con décadas de antigüedad, se movilizaron con escraches a directivos en countries privados, exigiendo el pago íntegro de indemnizaciones y la reincorporación. "La empresa quiere pagar solo el 50% de lo que nos corresponde, usando el concurso como escudo", afirmó un trabajador en asamblea.
El pedido de concurso preventivo, presentado el 16 de octubre ante el Juzgado Comercial, apunta a congelar reclamos y negociar con acreedores, pero los gremios alertan que esto dilatará los pagos y agravará la precariedad. En contexto de recesión económica, ILVA –parte de un grupo internacional– argumenta caídas en ventas, pero los sindicatos replican con datos de exportaciones estables y cuestionan la falta de inversión en la planta.
La repercusión llegó a medios europeos, como Deutsche Welle, que destacó el caso como ejemplo de precarización laboral en Argentina, con 300 familias sin ingresos ni cobertura social. La CGT regional y FOECYT llamaron a solidarizarse, planeando paros y marchas para presionar al Gobierno y la Justicia.
Este episodio subraya la urgencia de políticas que protejan el empleo industrial. Los trabajadores exigen auditorías independientes para exponer el vaciamiento y garantizar derechos adquiridos. En un país con alto desempleo, acciones como las de ILVA no solo destruyen puestos, sino que erosionan la dignidad laboral. La lucha continúa: "No nos rendiremos", sentencian los afectados.