TRABAJADORES DENUNCIAN MANIOBRAS FRAUDULENTAS QUE AFECTAN SUS DERECHOS LABORALES Y LA SEGURIDAD SOCIAL, EN MEDIO DEL CONCURSO PREVENTIVO DE LA COOPERATIVA LÁCTEA.
Rafaela, Santa Fe – En un avance significativo para los reclamos gremiales de los trabajadores de SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL), el Juzgado Federal de Rafaela citó a declaración indagatoria a los ex presidentes José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez. La audiencia está programada para el 12 de noviembre de 2025, en el marco de la causa "SANCOR COOPERATIVAS UNIDAS LIMITADA Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 27.430 – Expte. N° FRO 2628/2024".
La investigación, impulsada por denuncias de más de 400 empleados, apunta a la presunta apropiación indebida de recursos de la seguridad social durante 32 períodos fiscales, por un monto total de $1.644.440.882,68. Según el Ministerio Público Fiscal, basándose en informes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Gastaldi y Sánchez, como responsables del Consejo de Administración, actuaron como agentes de retención y percepción de aportes previsionales, pero habrían incumplido sus obligaciones, configurando un delito bajo el artículo 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
Este caso resalta la vulnerabilidad de los trabajadores en cooperativas en crisis. Los empleados, representados por sindicatos del sector lácteo como ATILRA (Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina), han denunciado no solo la evasión histórica, sino también la continuidad de prácticas fraudulentas bajo la actual conducción presidida por Oscar Juan Sapino. En el concurso preventivo que tramita ante el Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Rafaela, a cargo del Dr. Guillermo Vales, los trabajadores presentaron pruebas como recibos de sueldos que muestran retenciones no depositadas en cuentas de obra social, sindical y mutual. Además, informes del Comité Provisorio de Control confirman la falta de transferencia de fondos retenidos, lo que agrava la precariedad laboral y pone en riesgo la cobertura de salud y jubilatoria de cientos de familias.
Esta situación obliga al juez del concurso a notificar al fuero federal sobre las denuncias de fraude y evasión, y a evaluar la posibilidad de un concurso fraudulento, que podría implicar responsabilidades penales extendidas. Para los gremios, este es un paso clave hacia la responsabilidad de los administradores, defendiendo los derechos colectivos y exigiendo transparencia en la gestión de fondos obreros.
Los trabajadores, en asambleas y comunicados sindicales, enfatizan que estas maniobras no solo evaden impuestos, sino que erosionan el principio cooperativo de solidaridad, afectando directamente sus salarios netos y beneficios. ATILRA ha llamado a una mayor intervención estatal para proteger empleos en el sector, en un contexto de crisis láctea nacional. La resolución de esta causa podría sentar precedentes para otras empresas en similar situación, fortaleciendo la lucha gremial contra la precarización.