EL SINDICATO GRAN BUENOS AIRES DE TRABAJADORES DE OBRAS SANITARIAS (SGBATOS) SE OPONE A LA PRIVATIZACIÓN DE AYSA, ADVIRTIENDO QUE LA MEDIDA AMENAZA EL ACCESO AL AGUA COMO DERECHO HUMANO, PONE EN RIESGO EMPLEOS Y PODRÍA INCREMENTAR TARIFAS, REPLICANDO LOS FRACASOS DE LOS AÑOS 90.
El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), liderado por José Luis Lingeri, expresó un contundente rechazo a la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), oficializada por el Gobierno nacional a través del Decreto 494/2025 y la Resolución 1198/2025. La medida, que autoriza la venta del 90% de las acciones estatales, es vista por el gremio como un retroceso que pone en peligro tanto los derechos laborales como el acceso al agua potable, un servicio esencial para 15 millones de habitantes en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Desde el SGBATOS, se argumenta que la privatización no responde a necesidades operativas, sino a una política económica de "terapia de shock" impulsada por el Gobierno de Javier Milei, enfocada en reducir la presencia estatal y atraer capital extranjero. Lingeri, figura clave en la Confederación General del Trabajo (CGT), destacó que AySA logró un superávit operativo en 2024, tras una reducción del 20% en su planta de personal desde noviembre de 2023, lo que desmiente la narrativa oficial de ineficiencia estatal. “El agua no se negocia. Privatizar AySA es innecesario y riesgoso, especialmente tras los avances logrados en cobertura y calidad del servicio”, afirmó.
El gremio recuerda el fracaso de la privatización en los años 90, cuando Aguas Argentinas S.A. duplicó tarifas, desinvirtió en infraestructura y vertió residuos cloacales sin tratar, lo que llevó a su reestatización en 2006. Desde entonces, AySA incorporó a 4,5 millones de personas al servicio de agua potable y a 3,6 millones a la red de cloacas, con una inversión 20 veces superior a la del período privado, según datos del senador Eduardo “Wado” de Pedro.
SGBATOS también alerta sobre las consecuencias para los trabajadores. Aunque el 10% de las acciones permanecerá en manos de los empleados mediante el Programa de Propiedad Participada, el gremio teme despidos masivos y precarización laboral, como ocurrió tras los 1.700 retiros “voluntarios” avalados en 2024, que costaron al Estado $60.000 millones. Además, el nuevo marco regulatorio habilita cortes de servicio por falta de pago, lo que podría afectar a usuarios vulnerables y aumentar la morosidad, actualmente en 16%.
En respuesta, el sindicato impulsa una campaña bajo el lema “El agua no se negocia” y respalda proyectos legislativos de Unión por la Patria para derogar los decretos privatizadores. “El acceso al agua es un derecho humano, no una mercancía. Defender AySA es defender la soberanía y el bienestar de nuestro pueblo”, concluyó Lingeri, llamando a la movilización gremial y social para frenar la medida.