STURZENEGGER IMPULSA FONDOS DE CESE LABORAL: TRES SECTORES NEGOCIAN SU INCORPORACIÓN A CONVENIOS COLECTIVOS

EL MINISTRO DE DESREGULACIÓN, FEDERICO STURZENEGGER, ANUNCIÓ QUE LOS GREMIOS RURAL, DE SEGURIDAD PRIVADA Y GASTRONÓMICO AVANZAN EN ACUERDOS PARA IMPLEMENTAR FONDOS DE CESE LABORAL, UNA ALTERNATIVA A LAS INDEMNIZACIONES TRADICIONALES QUE GENERA DEBATE EN EL ÁMBITO SINDICAL POR SU IMPACTO EN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.



Buenos Aires, 16 de julio de 2025 - En el marco de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó que tres sectores laborales están avanzando en la incorporación de los fondos de cese laboral a sus convenios colectivos de trabajo. Según el funcionario, la Sociedad Rural Argentina (SRA), el gremio de Seguridad Privada y el sindicato de trabajadores gastronómicos están negociando acuerdos para adoptar este sistema, que busca reemplazar las indemnizaciones por despido previstas en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) por un mecanismo de capitalización anticipada. Sin embargo, desde el ámbito gremial surgen críticas y preocupaciones por las posibles consecuencias para los trabajadores.

Los fondos de cese laboral, reglamentados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) mediante la Resolución General 1071/2025, permiten a empleadores y trabajadores pactar, en el marco de un convenio colectivo, un sistema alternativo de indemnización basado en aportes periódicos a Fondos Comunes de Inversión (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF). Según Sturzenegger, este esquema ofrece flexibilidad a las empresas y busca reducir la litigiosidad asociada a los despidos, al tiempo que promete previsibilidad para los trabajadores. No obstante, desde los sindicatos advierten que este modelo podría trasladar el riesgo financiero a los empleados y debilitar las garantías laborales.

“El sistema es voluntario y debe ser acordado por las partes, lo que asegura que sea beneficioso para todos”, aseguró Sturzenegger en recientes declaraciones, destacando que los sectores mencionados están explorando esta alternativa debido a su alta rotación laboral. En el caso de la industria de la construcción, que ya cuenta con un fondo de cese gestionado por la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), se toma como referencia: los empleadores aportan un 12% del salario bruto el primer año y un 8% a partir del segundo. Sin embargo, el modelo no es de aplicación automática y requiere negociaciones específicas en cada convenio colectivo.

Desde el ámbito sindical, las opiniones son divididas. Armando Cavalieri, secretario general de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (Faecys), expresó un interés inicial en los fondos de cese, pero no ha avanzado en su implementación, señalando la complejidad de adaptarlo al sector comercial. Por su parte, el laboralista Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas, alertó que “este sistema traslada el riesgo de las inversiones a los trabajadores, quienes podrían recibir menos de lo que les correspondería por la indemnización tradicional si los fondos no rinden como se espera”. Además, Cremonte criticó la falta de garantías mínimas en la normativa, que podría dejar a los trabajadores desprotegidos en caso de crisis financieras, como ocurrió con las AFJP en los años 90.

Fuentes del mercado asegurador consultadas señalan que, aunque el esquema despierta interés, su implementación es “difícil y compleja”, ya que requiere una fuerte negociación con los gremios y una estructura financiera sólida para garantizar transparencia y seguridad en la gestión de los fondos. “Los empleados siempre son el eslabón más débil en estas relaciones”, advirtió una fuente anónima del sector, subrayando la necesidad de controles estrictos por parte de la CNV.

El único gremio con experiencia en un sistema similar es la UOCRA, que administra un fondo de cese desde hace años debido a la naturaleza temporal de las obras de construcción. Sin embargo, datos del INDEC indican que más del 59% de los trabajadores del sector no están registrados, lo que pone en duda la efectividad de este modelo para garantizar derechos laborales universales.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT), se observa con cautela el avance de estas negociaciones. “No vamos a permitir que se vulneren los derechos adquiridos de los trabajadores. Cualquier cambio debe ser consensuado y garantizar que no se pierdan conquistas históricas”, afirmó un dirigente de la central obrera, quien pidió mantener su anonimato.

Mientras el gobierno celebra los fondos de cese como una herramienta para modernizar las relaciones laborales y fomentar el empleo, los gremios insisten en que la prioridad debe ser proteger a los trabajadores en un contexto de creciente precarización. La implementación de estos acuerdos en los sectores rural, de seguridad y gastronómico será un termómetro clave para medir la viabilidad y aceptación de esta reforma en el mercado laboral argentino.


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