UNA DECISIÓN QUE GOLPEA: SIN AUMENTO SALARIAL PARA 120 MIL TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS

LA NEGATIVA DEL GOBIERNO A HOMOLOGAR LA PARITARIA DE COMERCIO, SUMADA A LA DECISIÓN DE LAS CADENAS DE SUPERMERCADOS DE NO PAGAR EL AUMENTO ACORDADO, DEJA A MILES DE TRABAJADORES SIN EL INCREMENTO DEL 1,9% CORRESPONDIENTE A ABRIL. EL GREMIO RECLAMA EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO Y ADVIERTE SOBRE MEDIDAS DE FUERZA.



 

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), liderada por Armando Cavalieri, enfrenta un nuevo conflicto tras la decisión de las principales cadenas de supermercados y mayoristas de no abonar el aumento salarial del 1,9% acordado para abril, afectando a unos 120 mil trabajadores del sector. Esta medida, respaldada por la negativa del Gobierno a homologar la paritaria sectorial, representa un duro golpe al poder adquisitivo de los empleados en un contexto de alta inflación y creciente precarización laboral.

El acuerdo paritario, firmado entre la FAECyS y las cámaras empresarias (Cámara Argentina de Comercio -CAC-, Confederación Argentina de la Mediana Empresa -CAME- y Unión de Entidades Comerciales Argentinas -Udeca-), establecía un incremento escalonado del 5,4% en tres tramos: 1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio, acompañado de sumas fijas no remunerativas de $35.000, $40.000 y $40.000 en los mismos meses. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo, bajo la órbita del Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo, rechazó la homologación del convenio, argumentando que el aumento superaba el tope salarial del 1% establecido por el Gobierno. Esta decisión, según pudo averiguar Red Gremial, fue comunicada a los supermercadistas durante una reunión con Caputo, quien habría dado un guiño para que las empresas incumplieran el acuerdo.

Desde la FAECyS, el malestar es evidente. El gremio emitió cartas documento a las cámaras empresarias exigiendo el cumplimiento del convenio, que incluía una cláusula explícita donde las empresas se comprometían a pagar los aumentos aun sin la homologación oficial. “Es una maniobra inaceptable que vulnera los derechos de los trabajadores y desconoce la negociación colectiva”, señaló Cavalieri, quien destacó que el incremento acordado era razonable y no representaba una presión inflacionaria significativa, como argumenta el Gobierno.

La situación generó tensiones no solo entre el gremio y las empresas, sino también dentro del propio sector empresario. Algunas voces de las cámaras firmantes consideran que el aumento no era desmedido y que su incumplimiento podría desencadenar conflictos laborales que afecten la operatividad de las cadenas. “Los trabajadores del comercio han sido esenciales durante la pandemia y en contextos económicos adversos. Negarles este ajuste es una falta de reconocimiento a su esfuerzo”, afirmó un representante sindical.

El impacto de esta decisión es particularmente grave en un contexto de inflación persistente, donde los salarios pierden poder adquisitivo mes a mes. Según datos del INDEC, la inflación acumulada en los primeros meses de 2025 continúa erosionando los ingresos de los trabajadores, y la negativa a aplicar el aumento agrava la situación de miles de familias que dependen de estos salarios para cubrir necesidades básicas.

La FAECyS anunció que evalúa medidas de fuerza para garantizar el cumplimiento del acuerdo. “No descartamos acciones gremiales si las empresas persisten en esta postura. Los trabajadores no pueden ser los que paguen el ajuste económico”, advirtió Cavalieri. Además, el gremio planea intensificar el diálogo con las autoridades para exigir la homologación del convenio y revisar las políticas de topes salariales que limitan la negociación colectiva.

El conflicto pone en evidencia las tensiones entre las políticas económicas del Gobierno, que buscan contener la inflación a través de restricciones salariales, y las demandas de los trabajadores por mantener su capacidad de compra. Mientras tanto, los 120 mil empleados de supermercados esperan una resolución que les permita recuperar el incremento acordado, en un sector que, pese a ser esencial, enfrenta crecientes desafíos para garantizar condiciones laborales justas.

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