LA ASOCIACIÓN TRABAJADORES DEL ESTADO (ATE) ANUNCIÓ UN PARO NACIONAL DE 24 HORAS PARA EL JUEVES 22 DE MAYO, ACOMPAÑADO DE MOVILIZACIONES EN TODO EL PAÍS, EN RECLAMO DE LA INMEDIATA REAPERTURA DE PARITARIAS, LA REINCORPORACIÓN DE TRABAJADORES DESPEDIDOS Y EL CESE DE LA FUSIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS. LA MEDIDA, QUE PARALIZARÁ LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, INTENSIFICA EL ENFRENTAMIENTO CON EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI EN UN CONTEXTO DE AJUSTE ECONÓMICO Y CRECIENTE CONFLICTIVIDAD SOCIAL.
El Consejo Directivo Nacional de ATE, liderado por Rodolfo Aguiar, resolvió la huelga tras considerar insuficientes las respuestas del Ejecutivo a las demandas del sector. “Los estatales no vamos a ser la variable de ajuste. Con salarios que perdieron un 25% frente a la inflación y despidos arbitrarios, no nos dejan otra opción que parar y salir a la calle”, afirmó Aguiar en un comunicado difundido en redes sociales. El gremio denuncia que las políticas de reducción del gasto público han derivado en la eliminación de 10.000 puestos de trabajo en ministerios y organismos descentralizados desde enero de 2025, además de la fusión de entidades como el CONICET y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), lo que califican como un “desguace del Estado”.
La jornada de protesta incluirá una marcha central desde Plaza de Mayo hacia el Congreso, con réplicas en ciudades como Córdoba, Rosario y Mendoza. ATE espera la adhesión de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) y sectores disidentes de la CGT, lo que podría amplificar el impacto en servicios esenciales como hospitales, registros civiles y oficinas de ANSES. “No es solo por los estatales, es por la defensa de los derechos de todos los trabajadores que están viendo cómo se desmantelan sus conquistas”, señaló Mercedes Cabezas, secretaria adjunta de ATE.
El gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, calificó el paro como “un intento de desestabilización” y defendió las medidas de austeridad como necesarias para sostener la baja de la inflación, que se proyecta en un 50% anual para 2025. Sin embargo, el Ministerio de Capital Humano abrió una mesa de diálogo con gremios estatales para evitar la escalada del conflicto, aunque no se anunciaron avances concretos. Por su parte, las obras sociales estatales, afectadas por el congelamiento de aportes, se sumaron al reclamo, advirtiendo sobre la “insostenibilidad” de sus prestaciones médicas.
El paro del 22 de mayo se perfila como un termómetro clave para medir la capacidad de los gremios de articular una oposición unificada frente a las reformas de Milei. Analistas advierten que, sin acuerdos en las próximas dos semanas, el conflicto podría derivar en nuevas medidas de fuerza, afectando la gobernabilidad y la confianza de los mercados en un momento crítico para las negociaciones con el FMI.