LAS RECIENTES AFIRMACIONES DEL GOBERNADOR MAXIMILIANO PULLARO, QUIEN CALIFICÓ LOS PAROS DOCENTES COMO UNA "HERRAMIENTA EXTORSIVA", DESATARON UNA FUERTE REACCIÓN DE LOS GREMIOS EDUCATIVOS. AMSAFÉ Y OTROS SINDICATOS DENUNCIAN UNA ACTITUD AUTORITARIA Y EXIGEN RESPETO A SUS DERECHOS LABORALES EN UN CONTEXTO DE DETERIORO SALARIAL Y FALTA DE PROPUESTAS PARITARIAS CONCRETAS.
La comunidad docente de Santa Fe atraviesa un momento de profunda tensión tras las declaraciones del gobernador Maximiliano Pullaro, quien durante la apertura del 143° período de sesiones ordinarias en la Legislatura provincial señaló que “se terminó el paro como herramienta extorsiva” y responsabilizó al gremio Amsafé por prácticas políticas que, según él, perjudicaban la educación. Estas palabras, lejos de apaciguar el conflicto, encendieron la indignación de los sindicatos docentes, que denuncian un ataque directo a sus derechos y a la libertad sindical.
El secretario general de Amsafé Rosario, Juan Pablo Casiello, expresó en diálogo con este medio que las declaraciones de Pullaro reflejan “una postura autoritaria que busca deslegitimar la lucha docente”. “Es inaceptable que se nos acuse de extorsionar cuando lo único que hacemos es defender nuestros salarios, que están entre los más bajos de la historia, y las condiciones dignas para enseñar y aprender”, afirmó. Desde el gremio, también se criticó la falta de una oferta salarial concreta en la última reunión paritaria del 28 de abril, que pasó a un cuarto intermedio hasta el 7 de mayo sin avances significativos.
El malestar docente no es nuevo. Durante el primer trimestre de 2025, los gremios han señalado que los salarios no han acompañado la inflación, y muchos trabajadores de la educación se encuentran por debajo de la línea de pobreza. “El gobierno habla de esfuerzo, pero ese esfuerzo lo estamos haciendo los docentes, que sostenemos la escuela pública con salarios insuficientes”, señaló Paulo Juncos, secretario gremial de Amsafé provincial. A esto se suma la implementación de medidas como el premio por asistencia perfecta, defendido por el ministro de Educación, José Goity, pero cuestionado por los sindicatos como una forma de presión que desconoce las realidades del sector.
Las declaraciones de Pullaro también generaron eco en las redes sociales, donde docentes y referentes gremiales manifestaron su repudio. En un posteo en X, se acusó al gobernador de “destruir la escuela pública” y cerrar paritarias “a puro decretazo”, mientras que Agustín Rossi calificó las políticas de Pullaro como “extorsionadoras” por descontar los días de paro, afectando directamente el bolsillo de los trabajadores.
La relación entre el gobierno provincial y los gremios docentes lleva meses de deterioro. En abril, la Unión Docentes Argentinos (UDA) presentó una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el gobierno de Santa Fe por “prácticas antisindicales” e “intimidatorias”, como la exigencia de declaraciones juradas para identificar a quienes adhieren a medidas de fuerza. Estas acciones, según los gremios, vulneran la libertad sindical y el derecho a la huelga, pilares fundamentales de la negociación colectiva.
En este contexto, Amsafé Rosario convocó a una asamblea provincial para definir los pasos a seguir. “No vamos a esperar los tiempos del gobierno. Necesitamos discutir colectivamente cómo respondemos a este ataque”, indicó Casiello. Entre las opciones que se barajan, no se descartan nuevas medidas de fuerza si no hay una propuesta salarial que contemple la recuperación del poder adquisitivo perdido.
Por su parte, el gobierno provincial sostiene que los sueldos del sector público crecieron por encima de la inflación en 2023 y que el 70% de los agentes estatales no perdió poder adquisitivo, según declaraciones de Pullaro a la prensa en Rosario. Sin embargo, los gremios docentes refutan esta afirmación, argumentando que los incrementos no alcanzan para hacer frente al aumento del costo de vida en 2025.
El conflicto docente en Santa Fe se enmarca en un escenario más amplio de tensiones entre el gobierno de Pullaro y los sindicatos, en un año marcado por la discusión de la reforma constitucional, que comenzará el 14 de julio. Los gremios temen que esta reforma pueda incluir medidas que limiten aún más los derechos laborales, como ya han denunciado en relación con las políticas de ajuste y control del presentismo.