CON UNA MASIVA ADHESIÓN DE GREMIOS, LA CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO PROTAGONIZÓ UNA JORNADA DE LUCHA QUE COMBINÓ UNA MOVILIZACIÓN AL CONGRESO EL 9 DE ABRIL Y UN PARO GENERAL EL 10, EXIGIENDO PARITARIAS LIBRES, AUMENTOS PARA JUBILADOS Y EL CESE DE POLÍTICAS DE AJUSTE.
La Confederación General del Trabajo (CGT) llevó adelante una contundente jornada de acción gremial de 36 horas los días 9 y 10 de abril de 2025, marcando la tercera medida de fuerza contra las políticas económicas del gobierno de Javier Milei. La protesta, que contó con el respaldo de ambas Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) y más de 40 sindicatos, expresó el rechazo de la clase trabajadora a las medidas de ajuste, la precarización laboral y la pérdida del poder adquisitivo.
La acción comenzó el miércoles 9 al mediodía con una movilización masiva hacia el Congreso Nacional, en apoyo a la tradicional marcha de jubilados que reclama mejoras en las pensiones y haberes. Miles de trabajadores, delegados sindicales y organizaciones sociales se concentraron en Plaza Congreso, levantando consignas por la defensa del salario, el derecho a paritarias libres y la actualización de asignaciones familiares. “No podemos seguir tolerando que el ajuste recaiga sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables”, afirmó Héctor Daer, uno de los secretarios generales de la CGT, durante el acto central.
El jueves 10, el paro general paralizó gran parte del país. El transporte público fue uno de los sectores más afectados: los sindicatos ferroviarios, los metrodelegados del subte porteño y el Sindicato de Peones de Taxis adhirieron plenamente, dejando sin servicio a trenes, subtes y reduciendo significativamente la circulación de taxis. Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivos, no interrumpió el servicio en la mayoría de las jurisdicciones debido a una conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo, aunque en provincias como Santiago del Estero se plegaron a la medida.
En el ámbito educativo, la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), junto a gremios universitarios como CONADU, garantizó un cese total de actividades en escuelas y universidades públicas. Las escuelas privadas, en tanto, operaron parcialmente dependiendo de la disponibilidad de transporte para docentes y personal. “La educación pública está en riesgo, y los salarios docentes no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. Este paro es una señal clara de que no vamos a resignar derechos”, expresó un representante de Ctera.
El sector salud también se sumó con fuerza. Hospitales públicos funcionaron con guardias mínimas, atendiendo solo urgencias, debido a la adhesión de los gremios UPCN y ATE. “La situación en los hospitales es crítica: falta presupuesto, los salarios son insuficientes y el personal está agotado. No podemos seguir así”, denunció un delegado de ATE en el Hospital Garrahan.
La actividad comercial y gastronómica tuvo un impacto dispar. Aunque el Sindicato de Empleados de Comercio no confirmó formalmente su adhesión, muchos comercios de cercanía y supermercados operaron con personal reducido, mientras que en el sector gastronómico algunas seccionales, como la de la Ciudad de Buenos Aires, optaron por no sumarse. Las estaciones de servicio, por su parte, mantuvieron una atención parcial gracias a la decisión de las cámaras empresarias de no adherir a la medida.
En el transporte aéreo, los 12 gremios aeronáuticos, incluyendo la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), generaron cancelaciones y demoras significativas. Aerolíneas Argentinas reprogramó vuelos internacionales y canceló 258 salidas, afectando a miles de pasajeros, aunque los controladores aéreos garantizaron un 45% de operatividad por tratarse de un servicio esencial.
Los gremios portuarios también paralizaron actividades, impactando el comercio exterior, mientras que la recolección de residuos se suspendió en la mayoría de las ciudades, salvo en distritos con servicios municipalizados. La administración pública, tanto nacional como municipal, quedó prácticamente sin actividad por la adhesión de UPCN y ATE, afectando la atención en organismos, hospitales y municipios.
Desde la CGT destacaron el alto acatamiento a la medida y reafirmaron su compromiso de continuar el plan de lucha. “Este paro es un mensaje al gobierno: no vamos a permitir que se sigan pisoteando los derechos de los trabajadores. Exigimos diálogo y políticas que prioricen a la gente”, señaló Daer. La central obrera anunció que el próximo paso será una movilización masiva el 1° de mayo por el Día del Trabajador, consolidando su oposición a las políticas de ajuste.
La jornada de lucha no estuvo exenta de tensiones. El gobierno nacional, que calificó la medida como “ridícula” a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, desplegó un operativo de seguridad y habilitó una línea anónima para denunciar supuestas irregularidades. Desde el sindicalismo, denunciaron intentos de amedrentamiento y reafirmaron su derecho constitucional a la protesta.
El paro del 9 y 10 de abril dejó en claro la capacidad de movilización del movimiento obrero argentino y su determinación para enfrentar las políticas de ajuste. En un contexto de creciente conflictividad social, la CGT se posiciona como un actor clave en la defensa de los derechos laborales y la justicia social, marcando un nuevo capítulo en su histórica lucha.