LAS CENTRALES SINDICALES PROPUSIERON UN SALARIO MÍNIMO DE $650.000 PARA ABRIL, MIENTRAS QUE LOS EMPRESARIOS OFRECIERON APENAS UN 5% DE AUMENTO. SIN ACUERDO, EL EJECUTIVO VOLVERÁ A FIJAR EL MONTO, EN UN CONTEXTO DE FUERTE PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO.
La reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, celebrada ayer de manera virtual, culminó sin acuerdo entre las partes, profundizando la tensión entre los gremios, el sector empresarial y el Gobierno. Las centrales sindicales, unificadas en su reclamo, exigieron un salario mínimo de $644.165 para abril y $657.703 para mayo, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido y garantizar un piso salarial que cubra las necesidades básicas de los trabajadores. Sin embargo, la propuesta patronal, liderada por la Unión Industrial Argentina (UIA), se limitó a un aumento del 5%, ofreciendo $301.500 para abril, $306.500 para mayo y $311.500 para junio, montos que los sindicatos calificaron como “insuficientes” y “vergonzosos”.
El encuentro, convocado por la Secretaría de Trabajo bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, comenzó a las 12:30 con una primera sesión que pasó a un cuarto intermedio ante la falta de consenso. A las 14:00, la discusión se reanudó, pero las posiciones irreconciliables entre los representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, por un lado, y las cámaras empresariales, por el otro, derivaron en un nuevo fracaso del diálogo tripartito. Como en las cuatro reuniones previas del Consejo en 2024, será el Gobierno nacional quien defina el nuevo salario mínimo por decreto, una práctica que los gremios critican por alinearse sistemáticamente con los intereses patronales.
“Es inadmisible que, en un contexto de inflación galopante y deterioro del poder de compra, los empresarios propongan aumentos que ni siquiera alcanzan la línea de indigencia”, señaló Hugo Godoy, referente de la CTA Autónoma. “Nuestra propuesta de $650.000 busca garantizar un salario que cumpla con el mandato constitucional de una vida digna, pero nos encontramos con una postura patronal que desconoce la realidad de los trabajadores”, agregó.
Por su parte, la CGT emitió un comunicado en el que acusó al sector empresarial de “insensibilidad social” y advirtió sobre el impacto de un salario mínimo que, según estimaciones, ha perdido más de un tercio de su valor real desde noviembre de 2023. “El salario mínimo actual de $296.832 está muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que supera los $500.000 para una familia tipo. Esto no solo afecta a los trabajadores formales, sino que arrastra a la baja los ingresos del sector informal y los programas sociales”, denunciaron.
Los gremios también apuntaron al Gobierno, al que acusan de desmantelar el rol del Consejo del Salario como espacio de negociación tripartita. “El Ejecutivo no solo no media para acercar posiciones, sino que actúa como árbitro sesgado, avalando incrementos que perpetúan la precarización laboral”, señaló un dirigente de la CTA de los Trabajadores. En este sentido, las centrales sindicales reiteraron su reclamo por un funcionamiento permanente del Consejo y la creación de una canasta de referencia que sirva como base para fijar un salario mínimo acorde a las necesidades reales.
El sector empresarial, por su parte, justificó su propuesta argumentando la necesidad de “contener costos” en un contexto económico adverso. Sin embargo, los gremios desestimaron esta postura, recordando que el salario mínimo real de abril de 2025 es un 44,1% inferior al de noviembre de 2019 y un 57,3% menor al de noviembre de 2015, según un informe del Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la CTA. “Estamos ante un salario mínimo que no cumple su función de piso salarial efectivo, algo que no veíamos desde la crisis de 2001”, alertaron.
La falta de acuerdo en el Consejo del Salario se produce en vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, lo que suma un tono de mayor gravedad al conflicto. Los gremios anticiparon que intensificarán sus medidas de fuerza y movilizaciones para visibilizar la crítica situación salarial. “No vamos a aceptar que se siga condenando a los trabajadores a la pobreza. Si el Gobierno insiste en laudar a favor de los empresarios, la respuesta estará en las calles”, advirtió un referente sindical.
Mientras tanto, se espera que en los próximos días el Ejecutivo publique el decreto que fije el nuevo salario mínimo, vital y móvil, así como los montos de la prestación por desempleo. Los antecedentes de 2024, cuando los aumentos definidos por el Gobierno estuvieron por debajo de la inflación, generan escepticismo entre los trabajadores, que ven cómo el poder adquisitivo se erosiona mes a mes.