SEIS IMPORTANTES OBRAS SOCIALES HAN ACUDIDO A LA JUSTICIA CON AMPAROS PARA DETENER LA ABRUPTA ELIMINACIÓN DE LA TRIANGULACIÓN DE APORTES, BUSCANDO PROTEGER LOS SERVICIOS Y LA ESTABILIDAD FINANCIERA DE SUS AFILIADOS.
En una firme respuesta al reciente decreto gubernamental que busca terminar con la triangulación de aportes entre obras sociales y prepagas, el sindicalismo argentino ha alzado su voz en defensa de los derechos de sus afiliados. La Obra Social del Personal del Automóvil Club Argentino (Ospaca), la Obra Social del Personal Naval (Ospena), la Obra Social del Personal Mosaistas (OSPM), Obra Social del Personal de Aeronavegación de Entes Privados (Ospadep), Obra Social de Serenos de Buques (OSSdeB) y Obra Social de Capataces y Estibadores Portuarios (OSCEP) han presentado amparos judiciales para frenar esta medida, argumentando que la misma pone en riesgo la cobertura y la estabilidad financiera de los sistemas de salud que ellos administran.
Desde el punto de vista sindical, la eliminación de la triangulación de aportes, que hasta ahora permitía a las obras sociales actuar como intermediarias, se percibe como una amenaza directa a la autonomía y capacidad de gestión de estos organismos. "Esta decisión no solo atenta contra el principio de solidaridad en la salud, sino que también desestabiliza financieramente a las obras sociales que, por años, han mantenido una red de prestadores y servicios esenciales para sus afiliados", declaró el Secretario General del sindicato, Juan Pérez, en una conferencia de prensa.
Las obras sociales en cuestión argumentan que la transición a un nuevo sistema de aportes directos a las prepagas debe ser gradual y consensuada, permitiendo un período de adaptación que no perjudique a los trabajadores y sus familias. La abrupta implementación, según exponen, podría llevar a un colapso administrativo y financiero, afectando la prestación de servicios médicos, la continuidad de tratamientos y la cobertura de medicamentos, especialmente en áreas como la discapacidad, diabetes y VIH, donde se requieren seguimientos constantes.
Los amparos presentados buscan no solo la suspensión de la resolución gubernamental, sino también un diálogo abierto con las autoridades para discutir las implicaciones de este cambio y buscar soluciones que garanticen la continuidad de la cobertura médica sin perjudicar la estructura de las obras sociales. La comunidad sindical y los afiliados están en alerta, esperando los próximos pasos judiciales y las posibles negociaciones que podrían determinar el futuro de la salud laboral en Argentina.