LA MEDIDA DEL GOBIERNO, JUSTIFICADA POR SUPUESTAS IRREGULARIDADES, GENERA PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR SINDICAL, QUE ADVIERTE SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD DE LOS AFILIADOS Y LA PÉRDIDA DE CONTROL SOBRE SUS PROPIOS RECURSOS.
El gobierno nacional ha ordenado la intervención de la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT), una decisión que ha encendido las alarmas en el ámbito sindical y que es percibida como una amenaza directa a la autonomía de los trabajadores. La medida, impulsada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) tras detectar presuntas irregularidades en la gestión, ha sido duramente cuestionada por el sindicato de fotógrafos, que denuncia un intento de debilitar su capacidad de organización y controlar los recursos destinados a la salud de sus afiliados.
UNA INTERVENCIÓN CONTROVERTIDA
La intervención se fundamenta en auditorías realizadas por la SSS, organismo que habría identificado problemas en la administración de la OSFOT. Aunque las autoridades no han brindado detalles específicos sobre las irregularidades detectadas, fuentes oficiales han señalado que la medida busca garantizar la continuidad de los servicios y sanear la entidad. En este marco, se designó al licenciado Salvador Sergio Macedonio como interventor, quien asumirá el control total de la obra social por un período aún no definido.
Sin embargo, desde los sindicatos, la narrativa oficial es vista con escepticismo. Carlos Gómez, secretario general del sindicato de fotógrafos, afirmó: "Esto no es más que un ataque a nuestra autonomía. Las obras sociales son un derecho histórico de los trabajadores, y cualquier problema podría haberse resuelto internamente sin entregar el control a un interventor externo." Para los gremios, esta intervención se inscribe en una serie de medidas gubernamentales que buscan desmantelar el sistema de salud gestionado por los sindicatos.
LA VISIÓN SINDICAL: UN DERECHO EN RIESGO
Desde la perspectiva sindical, la intervención no solo afecta la gestión de la OSFOT, sino que pone en peligro un pilar fundamental del bienestar de los trabajadores: el acceso a la salud. Los gremios argumentan que las obras sociales son fruto de años de lucha y que su administración debe permanecer en manos de los propios trabajadores, sin injerencias externas. "La intervención es una forma de quitarnos el control sobre nuestros recursos y debilitar nuestra capacidad de negociación frente al gobierno y las empresas", sostuvo Gómez.
Además, los sindicatos temen que esta medida sea el preludio de una privatización encubierta o de una reducción en los beneficios de los afiliados. "El gobierno dice que protege a los trabajadores, pero lo que vemos es un avance sobre nuestras conquistas. Si las obras sociales caen, los trabajadores quedaremos a merced de un sistema de salud privado que no nos representa", advirtió Ana López, delegada sindical.
EL IMPACTO EN LOS AFILIADOS
La OSFOT es la principal fuente de cobertura médica para los fotógrafos y sus familias, quienes ahora enfrentan incertidumbre sobre el futuro de sus servicios de salud. Laura Martínez, fotógrafa y afiliada a la obra social, expresó su preocupación: "Dependemos de la OSFOT para todo, desde consultas médicas hasta tratamientos. Si algo falla por esta intervención, quedaremos desprotegidos." Los afiliados temen que la llegada del interventor traiga interrupciones en la atención o una disminución en la calidad de las prestaciones, algo que el sindicato ha prometido combatir.
RESPUESTA SINDICAL Y MOVILIZACIÓN
La reacción de los gremios no se ha hecho esperar. En las próximas horas, se espera que el sindicato de fotógrafos, junto con otras organizaciones obreras, anuncie un plan de acción que podría incluir protestas, comunicados conjuntos y hasta acciones legales para revertir la intervención. "No vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nos arrebatan lo que es nuestro. Esto es una lucha por la dignidad de los trabajadores", enfatizó Gómez.
La intervención de la OSFOT también ha reavivado el debate sobre el rol de las obras sociales en el sistema de salud argentino. Para los sindicatos, estas entidades son mucho más que un servicio: son un símbolo de la solidaridad y la organización colectiva, valores que consideran amenazados por las políticas actuales del gobierno.
CONTEXTO Y PRECEDENTES
La intervención a la OSFOT no es un caso aislado. En los últimos meses, el gobierno ha intervenido otras obras sociales, como la del Personal de la Industria del Fósforo y la de Trabajadores del Petróleo y Gas Privado del Chubut, bajo argumentos similares de irregularidades y falta de transparencia. Este patrón ha llevado a los sindicatos a denunciar una estrategia deliberada para socavar el poder del movimiento obrero y transferir el control de la salud al sector privado.
Jorge Fernández, dirigente de la CGT, advirtió: "Estamos ante un precedente peligroso. Si permitimos que las obras sociales caigan una por una, pronto no quedará nada del sistema solidario que construimos. Esto es un ataque al corazón de los derechos laborales."
LA POSTURA OFICIAL
Por su parte, el gobierno ha defendido la intervención como una medida necesaria para proteger a los afiliados y asegurar la correcta administración de los fondos. Sin embargo, la falta de información detallada sobre las irregularidades detectadas ha alimentado las sospechas de los sindicatos, que exigen transparencia y acceso a los resultados de la auditoría.