EL SOESGYPE, CON EL APOYO DEL GOBERNADOR KICILLOF, RECHAZA LA PROPUESTA DE AUTOSERVICIO IMPULSADA POR STURZENEGGER, ARGUMENTANDO RIESGOS PARA EMPLEO Y SEGURIDAD, EN OPOSICIÓN A LA LEY 13.623 DE BUENOS AIRES.
En una clara postura en contra de las propuestas de modernización del sector, el Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos de Autos (SOESGYPE) ha recibido el respaldo del gobernador Axel Kicillof en su oposición al autoservicio de combustible. Esta iniciativa, impulsada por el Ministro de Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger, pretendía permitir que los consumidores en todo el país pudieran cargar combustible por sí mismos, sin la intervención de personal capacitado.
La reunión entre representantes del gremio y el ministro de Trabajo de la provincia, Walter Correa, evidenció una preocupación compartida por la preservación de los empleos y la seguridad en las estaciones de servicio. El sindicato argumenta que la capacidad para manejar combustible es una tarea que requiere personal especializado, no solo para el expendio sino también para garantizar la seguridad en un entorno que maneja sustancias potencialmente peligrosas.
El decreto propuesto por Sturzenegger se enfrenta a la Ley 13.623 de la provincia de Buenos Aires, que prohíbe explícitamente el autoservicio de combustible, bajo pena de clausura. Según SOESGYPE, esta ley asegura que solo personal con la debida capacitación en seguridad e higiene puede atender a los surtidores, verificando además aspectos críticos como la vigencia de la oblea de GNC o el uso de cascos por parte de motociclistas.
El rechazo al autoservicio también se fundamenta en los riesgos de seguridad que podrían surgir si los consumidores, sin la preparación adecuada, manipulan combustibles. Incidentes como derrames o principios de incendio son preocupaciones que el sindicato y el gobierno provincial consideran significativas.
Desde el sindicato, se ha enfatizado que la implementación del autoservicio no solo pondría en riesgo miles de empleos, sino que también podría afectar la calidad del servicio y la seguridad de los usuarios, lo que ha motivado la firme oposición tanto del gremio como del gobierno de Kicillof.
El debate sobre este tema sigue abierto, ya que representa una encrucijada entre la modernización y desregulación del sector energético y la preservación de empleos y normas de seguridad establecidas.