LA NUEVA NORMATIVA QUE PERMITE A LAS PREPAGAS SELECCIONAR A SUS CLIENTES HA GENERADO PREOCUPACIONES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL. LAS PREPAGAS, AL PODER ELUDIR LA INTERMEDIACIÓN, PUEDEN RECHAZAR A TRABAJADORES CON APORTES MENORES, MIENTRAS LAS OBRAS SOCIALES ESTÁN OBLIGADAS A ACEPTAR A TODOS, INCLUYENDO A JUBILADOS Y MONOTRIBUTISTAS.
Recientemente, las obras sociales en Argentina se encuentran en una encrucijada crítica, a la luz de un conflicto que ha emergido debido a la nueva normativa que permite a las prepagas seleccionar a sus clientes. Este cambio, impulsado por el ministro de Salud, Mario Lugones, ha generado un debate sobre la competencia desleal y el futuro de las obras sociales sindicales.
Las prepagas, gracias a su inscripción en el Registro Nacional de Agentes del Seguro, tienen la facultad de ofrecer sus servicios directamente a los trabajadores, eludiendo la intermediación de obras sociales que históricamente han enfrentado diversos obstáculos, incluyendo el problema de los llamados "sellos de goma". Sin embargo, el hecho de que estas compañías puedan elegir a quiénes aceptan ha suscitado la preocupación de las obras sociales, que se ven en desventaja debido a su obligación de aceptar a todos los sectores laborales, incluidos monotributistas, jubilados y el personal de servicio doméstico.
Manuel Adorni, expresó su celebración por la inclusión de Swiss Medical, la más grande del país, en el mencionado registro. A pesar del apoyo manifiesto de los principales sindicatos de la CGT a la iniciativa gubernamental que busca limpiar el padrón de entidades fantasmas, el rechazo de las prepagas a aceptar ciertos segmentos de la población ha encendido alarmas entre las obras sociales funcionales.
Un directivo de una obra social sindical comentó que esta situación representa "una evidente ventaja competitiva" para las prepagas, las cuales pueden optar por no asumir a aquellos sectores de trabajadores cuyos aportes son significativamente menores en relación al costo del servicio. Este hecho no solo compromete la estabilidad financiera de las obras sociales, sino que también amenaza su capacidad para proporcionar atención básica a los trabajadores más vulnerables.
La reciente resolución del gobierno de Milei, que permite a los trabajadores derivar sus aportes directamente a una obra social o prepaga, ha sido criticada por los directivos de las obras sociales que temen que, a la larga, esto conduzca a un desfinanciamiento de su sistema.
A esto se suma que las prepagas no están obligadas a aceptar a jubilados, monotributistas ni a personal doméstico, lo que se traduce en una carga desproporcionada para las obras sociales, que reciben aportes significativamente menores a lo que cuesta ofrecer un plan básico de salud. Según cálculos, las obras sociales solo retienen alrededor de 15,000 pesos, a pesar de que el costo de proporcionar atención básica asciende a 45,000 pesos.
Frente a esta compleja situación, crecen las voces que sugieren una posible acción judicial por parte de las obras sociales, cuestionando la legalidad y la equidad de la resolución que establece el registro de prepagas como obligatorio, en contraposición a un decreto previo que lo consideraba opcional. Este escenario nos sitúa ante un dilema donde se cuestiona no solo la estabilidad financiera de las obras sociales, sino también la equidad y el acceso a la salud para todos los sectores de la población.
El futuro de la atención sanitaria en Argentina dependerá en gran medida de cómo se resuelva este conflicto y de los mecanismos que se implementen para asegurar un sistema equitativo y sostenible, capaz de atender a todos los trabajadores sin excepción.