EN EL CONTEXTO DE LA CRECIENTE TENSIÓN ENTRE EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL Y EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI, SE HA DENUNCIADO PENALMENTE A LUCA BONFANTE, UN DIRIGENTE ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. ESTA ACUSACIÓN SE PRODUCE EN MEDIO DE UN PARO NACIONAL DE DOCENTES Y NO DOCENTES QUE PROTESTAN POR EL FINANCIAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.
En el contexto de una nueva medida de fuerza a nivel nacional, llevada a cabo por docentes y no docentes en defensa del financiamiento a la educación superior, surge la primera acusación penal contra un referente estudiantil. Esta situación se produce en un momento crítico, donde el Gobierno de Javier Milei busca acallar las voces del conflicto universitario. En medio de un paro de 24 horas, diversas agrupaciones educativas han alzado la voz para que sus demandas sean escuchadas en el Presupuesto 2025.
Los docentes han solicitado una partida presupuestaria de 2 billones de pesos para abordar la recomposición salarial y asegurar que sus ingresos no se vean afectados por la inflación, que ha erosionado un 63.5% su poder adquisitivo. Esta situación ha llevado a los estudiantes a intensificar sus acciones de protesta, que incluyen paros y clases públicas en distintas facultades y frente al Congreso de la Nación.
En este marco, la denuncia penal contra Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, ha provocado la indignación de los movimientos estudiantiles. La acusación, presentada por Francisco Oneto, excandidato a vicegobernador por La Libertad Avanza, señala que Bonfante habría incurrido en delitos de usurpación al llevar a cabo tomas de facultades, un acto que Oneto califica como “delito de usurpación y turbar la tenencia de un inmueble con violencia y amenazas”.
Bonfante, quien se identifica como comunista y se encuentra vinculado a la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ha denunciado que estas acciones son parte de una estrategia de "amedrentamiento" por parte del Gobierno y sus allegados. La tensión se ha incrementado también por incidentes de violencia, como el uso de gas pimienta contra estudiantes durante una asamblea en la Universidad de Quilmes, lo que evidencia un ambiente hostil para quienes defienden sus derechos a la educación.
La respuesta de Oneto a las acusaciones de que su denuncia podría estar influenciada por el Gobierno es clara: asegura que la decisión fue "absolutamente personal" y que no ha recibido instrucciones de ninguna autoridad gubernamental. Sin embargo, la realidad es que este tipo de acciones coinciden con un patrón de represión hacia los movimientos estudiantiles que han comenzado a manifestarse con mayor fuerza bajo la administración actual.
En este clima de confrontación, los estudiantes continúan organizándose y planeando marchas regionales y un Encuentro Federal Universitario en noviembre, reafirmando su compromiso con la defensa del acceso a la educación y el respeto a sus derechos. A medida que se desarrollan estos acontecimientos, queda latente la pregunta: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar un Gobierno para silenciar las voces de quienes luchan por un futuro educativo más justo? La historia reciente sugiere que la lucha por la educación superior en Argentina apenas comienza.