EL GOBIERNO HA PRESENTADO UNA DENUNCIA PENAL POR EXTORSIÓN CONTRA PABLO BIRÓ, SECRETARIO GENERAL DE APLA, DEBIDO A SUS RECIENTES DECLARACIONES EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN. LAS PALABRAS DE BIRÓ SUGIEREN UN USO DE SU POSICIÓN PARA PERJUDICAR EL TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS, LO QUE PODRÍA CONSTITUIR UNA AMENAZA A LA ESTABILIDAD DEL SERVICIO ESENCIAL, ESPECIALMENTE EN EL CONTEXTO DE LOS PAROS Y MEDIDAS DE FUERZA QUE SE HAN ESTADO DESARROLLANDO. EL MINISTERIO DE SEGURIDAD ARGUMENTA QUE LA ACTUACIÓN DEL SECRETARIADO VA MÁS ALLÁ DEL DERECHO DE HUELGA, AL IMPLICAR ACCIONES QUE PODRÍAN AFECTAR SIGNIFICATIVAMENTE TANTO A AEROLÍNEAS ARGENTINAS COMO A LOS CIUDADANOS
Recientemente, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha presentado una denuncia penal contra Pablo Biró, secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), en el marco de un conflicto que ha cobrado relevancia en el sector aeronáutico. Esta acción responde a las declaraciones de Biró en medios de comunicación, donde insinuó su intención de utilizar su influencia como gremialista para perjudicar el transporte aéreo de pasajeros, advirtiendo sobre posibles paros futuros que afectarían tanto a la empresa estatal Aerolíneas Argentinas como a los usuarios en general.
La denuncia ha sido presentada ante el Juzgado Criminal y Correccional N° 12, a cargo de la jueza Elizabeth Paisán, y resalta el uso que Biró haría de su posición para amenazar la continuidad de un servicio esencial declarado por el Gobierno. Este contexto ha llevado a las autoridades a argumentar que las acciones de Biró podrían constituir amenazas extorsivas, en línea con lo estipulado por el artículo 149 bis del Código Penal.
El Gobierno, al declarar el transporte aéreo como un "servicio esencial", impone la obligación de mantener un “servicio mínimo” en actividades que son críticas para el funcionamiento del país. Este enfoque tiene como objetivo proteger los derechos de los ciudadanos y garantizar la estabilidad de los servicios públicos fundamentales. La denuncia del Ministerio de Seguridad sostiene que cualquier interrupción súbita en este tipo de servicios podría tener un impacto negativo en la seguridad y el bienestar de la población.
Biró y su sindicato han estado en conflicto por demandas de recomposición salarial, y su reciente comunicado indica que las medidas de acción gremial se intensificarán si no se llega a un acuerdo satisfactorio sobre estas cuestiones. Este llamado a la movilización ha generado tensiones, especialmente considerando que el Gobierno ya ha sancionado a algunos pilotos de Aerolíneas Argentinas por negarse a trabajar durante una jornada de paro.
El secretario de Transporte, Franco Mogetta, ha hecho énfasis en el bajo número de horas de vuelo acumuladas por ciertos pilotos, en comparación con la media de otras aerolíneas del país. De esta forma, el Gobierno busca no solo poner en marcha la productividad en el sector, sino también cuestionar la legitimidad de los reclamos salariales actuales. En este sentido, la administración de Javier Milei ha puesto en marcha una serie de medidas que podrían incluir desde descuentos en los salarios hasta despidos, con el fin de disuadir futuras acciones que interrumpan el servicio aéreo.
La situación actual refleja un juego de poder significativo entre el gremio y el Estado. La acción penal contra Biró, si se concreta, podría sentar un precedente en la relación entre las autoridades y los sindicatos de trabajadores de la aeronáutica, marcando un giro hacia una mayor regulación que busque contener los conflictos laborales que afectan a un sector considerado estratégico.