EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES SE HA PRODUCIDO UNA BRUTAL REPRESIÓN CONTRA TRABAJADORES JUDICIALES QUE, PACÍFICAMENTE, EXIGÍAN MEJORAS SALARIALES. ESTE EPISODIO, EJECUTADO POR LA POLICÍA FEDERAL BAJO LA DIRECCIÓN DE LA MINISTRA DE SEGURIDAD, PATRICIA BULLRICH, HA DEJADO A VARIOS HERIDOS Y DETENIDOS, LO QUE PLANTEA SERIAS INTERROGANTES SOBRE EL RESPETO AL DERECHO A LA PROTESTA.
El reciente episodio de represión contra trabajadores judiciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha levantado un manto de preocupación y cuestionamientos sobre los límites del poder estatal frente a las protestas sociales. Este ataque, perpetrado por la Policía Federal bajo la dirección de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dejado a varios heridos y detenidos, generando un clima de tensión en el país.
El pasado mediodía, un grupo de trabajadores judiciales, liderados por el sindicalista Julio Piumato, se congregó pacíficamente frente al Palacio de Tribunales para exigir mejoras salariales. Este acto, que debería ser una manifestación de derechos laborales fundamentales, se vio abruptamente interrumpido por la intervención de las fuerzas de seguridad. En un contexto donde el derecho a la huelga y la protesta pacífica están garantizados por nuestra Constitución, la respuesta de la policía fue desproporcionada y violenta.
Informes indican que al menos 15 trabajadores fueron trasladados a hospitales con heridas de diversa gravedad, mientras que otros fueron arrestados en el marco de esta intervención represiva. El uso de palos y gases lacrimógenos por parte de las autoridades ha suscitado un fuerte rechazo tanto de los sectores sociales involucrados como de figuras políticas que abogan por el respeto a los derechos humanos.
Desde diferentes frentes, políticos y sindicalistas han alzado la voz para condenar este tipo de acciones, que no solo deslegitiman las demandas laborales, sino que también alimentan un clima de temor e incertidumbre. El diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdéz, expresó su indignación ante lo sucedido, subrayando que “el gobierno insiste en criminalizar las movilizaciones que piden por los más elementales derechos laborales como el salario digno”.
Este episodio no se sitúa en un vacío; se inscribe en una serie de actos represivos contra distintas agrupaciones sociales que han tenido lugar en las últimas semanas, como la represión contra jubilados que reclamaban por sus derechos. Asimismo, el uso del “protocolo antipiquetes” por parte del gobierno de Javier Milei plantea serias interrogantes sobre la política de seguridad y la relación del Estado con sus ciudadanos.