LA FEDERACIÓN DE SINDICATOS MARÍTIMOS Y FLUVIALES (FESIMAF) ENDURECIÓ SU POSTURA FRENTE AL PLAN OFICIAL DE DESREGULACIÓN IMPULSADO POR EL EQUIPO DE FEDERICO STURZENEGGER. EN LA MIRA, EL IMPACTO SOBRE EL EMPLEO LOCAL, LAS ASIMETRÍAS TRIBUTARIAS Y EL RIESGO DE CONSOLIDAR UN MONOPOLIO LOGÍSTICO REGIONAL EN MANOS EXTRANJERAS.
La decisión adoptada por la Federación de Sindicatos Marítimos y Fluviales (FESIMAF) de declarar el estado de alerta permanente y movilización no representa un capítulo aislado en la relación entre el sindicalismo corporativo y la administración libertaria, sino la profundización de una pulseada estructural por el control estratégico de los ríos, el litoral marítimo y la soberanía logística argentina.
El detonante de la medida es el avance legislativo y administrativo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional —en sintonía con la agenda de desregulación económica que lidera el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado—, que busca flexibilizar y ampliar la apertura del transporte de cabotaje nacional a buques y tripulaciones extranjeras. Desde la perspectiva oficial, la iniciativa se ancla en la necesidad imperiosa de abatir los costos logísticos que erosionan la competitividad de las exportaciones provinciales. Sin embargo, para los gremios nucleados en la actividad, la medida constituye una amenaza letal para la supervivencia de la industria naval, las empresas armadoras locales y los puestos de trabajo argentinos.
La trinchera sindical: asimetrías y el mito de la eficiencia
El documento difundido por la FESIMAF —que lleva el respaldo de figuras clave del sector como Mariano Vilar (SICONARA), Raúl Omar Durdos (SOMU), Jorge Tiravassi (Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante) y Eduardo Mayotti (Jefes y Oficiales Maquinistas Navales)— desnuda una controversia técnica y económica profunda.
Los sindicatos remarcan que su posición no se opone conceptualmente a la eficiencia, el progreso o la competitividad. De hecho, sostienen que han presentado propuestas formales y alternativas viables que fueron desoídas por los funcionarios del área. El núcleo del reclamo radica en la existencia de asimetrías estructurales —tributarias, laborales, cambiarias y operativas— que colocan a la bandera argentina en absoluta desventaja frente a competidores de la región, en particular las flotas de bandera paraguaya.
"Lo que no aceptamos es que, en nombre de la reducción de costos, se pretenda sustituir nuestra bandera sin corregir las asimetrías que perjudican al transporte nacional. Destruir la competencia local para depender de un eventual monopolio extranjero no es reducir costos: es hipotecar nuestro futuro", advierte el nucleamiento gremial en su manifiesto.
El frente con los gobernadores y el fantasma de la concentración
En un movimiento táctico poco frecuente, los sindicatos elevaron el tono de su advertencia directamente hacia los gobernadores de las provincias del Norte Grande y del litoral, acusándolos de convalidar un relato que —a su juicio— contrapone falazmente los intereses de los trabajadores terrestres de las economías regionales con el de las tripulaciones embarcadas.
Para la FESIMAF, esta división es artificial. Sostienen que la cadena de valor fluvial es un ecosistema indivisible que comprende puertos, talleres navales, universidades y escuelas de formación, proveedores industriales y miles de empleos indirectos. Asimismo, lanzan un interrogante crítico hacia el poder político: ¿Quién garantizará tarifas competitivas y evitará abusos de posición dominante si se destruye por completo la marina mercante de bandera local, dejando el flujo de las cargas nacionales en manos de operadores foráneos?
La estrategia en el terreno parlamentario y el rol de la CGT
Con la declaración de alerta y movilización, el conflicto abandona el plano puramente declamatorio y se traslada al terreno de la presión política y gremial. La CGT ya ha manifestado su respaldo institucional a los reclamos del sector, solicitando formalmente a los bloques legislativos —con especial atención en la Cámara de Senadores— que rechacen de plano cualquier modificación normativa que vulnere la reserva de cargas de cabotaje.
El escenario parlamentario asoma complejo para el oficialismo, que requiere tejer acuerdos finos con los mandatarios provinciales para destrabar sus proyectos de reforma estructural. Del otro lado, la Marina Mercante se atornilla a una premisa histórica que resume su estrategia de resistencia: "Sin Marina Mercante nacional no hay soberanía logística". La pulseada recién empieza y promete escalar al ritmo de la tensión en los muelles y las negociaciones en los pasillos del Congreso.