TRAS UN OPERATIVO EN DOS ESTABLECIMIENTOS DE TORTUGUITAS (MALVINAS ARGENTINAS), 14 PERSONAS FUERON RESCATADAS DE LA TRATA LABORAL Y LA SERVIDUMBRE. LA INVESTIGACIÓN APUNTA A ANTONIO RIVERO, DUEÑO DE BATERÍAS CHAMPION Y REFERENTE SECTORIAL, Y A FABIÁN HERMOSO, LÍDER DEL GREMIO QUÍMICO. EN UNO DE LOS LUGARES SE INCAUTÓ UN CAMIÓN PLOTEADO CON LA MARCA DE LA FIRMA
Un allanamiento realizado de forma conjunta por autoridades laborales en la localidad bonaerense de Tortuguitas dejó al descubierto una red de explotación laboral extrema y trata de personas. El operativo, llevado a cabo en dos establecimientos del distrito, permitió relevar a 23 operarios, de los cuales 14 fueron formalmente identificados como víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre.
Las condiciones de vulnerabilidad en las que operaba el predio clandestino —dedicado al desarme de baterías de plomo y fundición— rozaban la inhumanidad: los trabajadores vivían, comían y dormían en el mismo galpón donde realizaban sus tareas, sometidos a jornadas de 12 horas diarias y expuestos directamente a residuos de óxido de plomo y ácido sin ningún tipo de equipamiento de protección personal.
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El detonante judicial y la causa en la PROTEX
La investigación que sacó a la luz este entramado clandestino tuvo su meollo a partir de una tragedia evitable: la muerte de un joven trabajador de 20 años, oriundo de Misiones, quien falleció producto de una severa intoxicación con plomo. Los informes médicos posteriores revelaron que su organismo contenía 122,8 microgramos de plomo por decilitro, un valor que triplica y cuadruplica los límites máximos permitidos por la normativa vigente para la exposición laboral a este metal pesado.
A partir de este deceso, y con el respaldo de los informes de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la ART y testimonios familiares, la Subsecretaría de Inspección del Trabajo profundizó las pesquisas y logró ubicar un segundo predio no declarado ante ningún registro oficial. Con estas pruebas contundentes, el pasado 13 de octubre se formalizó la denuncia penal ante la PROTEX (Procuraduría de Trámites y Explotación / Trata de Personas) bajo las carátulas de trata de personas y reducción a la servidumbre. En uno de los establecimientos inspeccionados, ubicado en la calle Jorge Stephenson 3297, las autoridades constataron la presencia de un camión ploteado de forma directa con la marca Baterías Champion.
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La denuncia de la ATIQyP y el rol de la FATIQYP
Si bien el caso conmocionó a la opinión pública, en el sector químico no causó sorpresa. Desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Química y Petroquímica (ATIQyP) aseguraron que estas irregularidades y los graves riesgos de toxicidad habían sido denunciados formalmente hace más de un año.
Sin embargo, el accionar gremial independiente de la ATIQyP chocó sistemáticamente contra Antonio Rivero —dueño de Baterías Champion y máximo referente de la Cámara Argentina de Fabricantes de Acumuladores Eléctricos— y su sintonía con la conducción de la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyp), liderada por Fabián Hermoso.
«Nos apretaron a los compañeros de la planta e hicieron que se desafilien. Además, Rivero sólo le firma las paritarias a la FATIQyP. Todos saben que son socios», señalaron con temor varios de los trabajadores.
La complicidad estructural se reflejaría también en vínculos históricos: en su etapa como automovilista, el propio Hermoso supo tener como principal patrocinador (main sponsor) a Baterías Champion, una relación comercial que quedó registrada en numerosas imágenes de competencia pública.
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Las fallas de seguridad y el ocultamiento empresario
Los delegados de la actividad denunciaron que la precariedad no se limitaba a este predio clandestino, sino que permea toda la operatoria de las plantas formales, como la de Industrias Harbat S.A. En esa línea, advirtieron que los medidores de toxicidad de la compañía matriz están instalados estratégicamente lejos de las áreas reales de producción, simulando niveles aceptables que ocultan el peligro latente.
Ante la inacción de las ART y la cobertura sindical oficial, la ATIQyP promovió análisis bioquímicos por fuera del circuito preestablecido. Los resultados fueron alarmantes: 8 de cada 15 trabajadores analizados presentaban registros elevados de plomo en sangre, con casos extremos que alcanzaban el 66% de concentración.
A este panorama de riesgo biológico se le suman denuncias por pagos salariales parciales en negro, instalaciones sanitarias destruidas —con techos filtrándose y agua acumulada sobre tableros eléctricos— y la absoluta falta de indumentaria adecuada. Mientras la causa judicial avanza en la órbita federal, el sector gremial independiente exige una depuración profunda y responsabilidades penales tanto para los empresarios evasores como para las estructuras sindicales que avalaron la precarización bajo un pacto de silencio.
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