LA CÁMARA CRIMINAL REVOCÓ EL SOBRESEIMIENTO DE RICARDO GALLARDO, MANO DERECHA DEL TITULAR DE FATIQYP EN LA OBRA SOCIAL, POR UTILIZAR UN ACTA CON FIRMAS FALSIFICADAS PARA EMPUJAR A LA ENTIDAD A UN CONCURSO DE ACREEDORES. EL FALLO DEJA AL DESCUBIERTO EL DESMANEJO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES TRAS SEIS AÑOS DE OSCURANTISMO FINANCIERO Y LIBROS "DESAPARECIDOS".
La sombra de la corrupción judicial y el vaciamiento institucional vuelve a golpear de lleno a la conducción de Fabián Hermoso al frente de la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP). La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional - Sala 4 emitió el pasado 28 de mayo de 2026 un contundente fallo que acorrala a la gestión de su obra social (OSPIQYP). La Justicia ordenó el procesamiento sin prisión preventiva de su presidente, Ricardo David Gallardo, bajo la grave imputación de "uso de documento privado falso en concurso ideal con estafa". Además, la medida dispuso un embargo preventivo sobre sus bienes por la suma de 150 millones de pesos.
La denuncia que destapó el fraude fue impulsada por Mónica Andrea Rodríguez, trabajadora e integrante de la Comisión Revisora de Cuentas de la propia obra social sindical. Rodríguez llevó a la Justicia las pruebas de que la conducción del gremio falsificó su firma y simuló su asistencia en el acta de asamblea del 4 de junio de 2024. Ese documento apócrifo fue el instrumento clave que utilizó Gallardo para solicitar, apenas semanas después, la apertura del concurso preventivo de acreedores de la OSPIQYP en el fuero comercial.
La maniobra al descubierto y el fraude procesal
En la primera instancia del proceso, tanto el juez como la fiscalía habían intentado proteger a la cúpula de la obra social con un argumento débil: sostenían que, dado que el peritaje descartaba que Gallardo hubiera falsificado materialmente la firma, y como la revisora de cuentas supuestamente "no tenía competencia" sobre la decisión final de concursar el ente, no existía un perjuicio penal.
Sin embargo, los jueces de la Sala 4 demolieron esa justificación. Para la Cámara, falsear la presencia del órgano de control en una decisión tan crítica como decretar la crisis financiera de la salud de miles de trabajadores no es un hecho neutro ni inocuo. La función de la sindicatura interna es actuar como un "reaseguro de daños". Al valerse de un acta espuria, la gestión de la OSPIQYP logró engañar e inducir al error al juez comercial que abrió el concurso. Por este motivo, el Tribunal tipificó el hecho unificando el uso del documento trucho con la estafa procesal, determinando que hubo una maniobra intencional para burlar el control judicial y perjudicar a los acreedores y afiliados.
Seis años sin balances y la misteriosa pérdida de pruebas
El procesamiento de Gallardo expone de manera cruda el modelo de administración que Fabián Hermoso sostiene en las estructuras de la FATIQyP. Según consta en la investigación y de acuerdo con el informe general de la propia sindicatura del concurso comercial, la obra social química ha estado operando al margen de las normativas vigentes: desde el ejercicio cerrado en diciembre de 2018 no se presentan las memorias contables correspondientes.
A esta irregularidad crónica se suma un hecho que roza lo escandaloso y que la Cámara ha ordenado investigar a fondo. Tras la radicación de la denuncia penal el 29 de octubre de 2024, el libro original de actas donde figuraba la firma falsificada desapareció súbitamente. La apoderada legal de la obra social presentó una denuncia aduciendo que el libro había sido "sustraído" en Ezeiza el 5 de noviembre, curiosamente el martes siguiente a la intervención de la Justicia.
¿Cuáles son los próximos pasos procesales?
El fallo de la Cámara marca un punto de no retorno. Si bien el procesamiento es "sin prisión preventiva" y Gallardo no está detenido, queda formalmente imputado en la causa y sujeto a un avance judicial inminente:
Embargo Patrimonial Histórico: La traba del embargo por $150.000.000 tiene como objetivo garantizar los daños civiles, la eventual indemnización y las costas del proceso penal. Gallardo queda inhabilitado de vender, transferir o esconder bienes patrimoniales hasta cubrir dicho monto.
Regreso al Juzgado e Indagatoria: El expediente retornará de manera inmediata al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23. Allí, Gallardo deberá volver a ser citado; si bien en su primera indagatoria prefirió guardar silencio y negarse a declarar, ahora enfrentará el peso pleno del procesamiento y la presión de justificar la procedencia del acta falsa.
Apertura a Prueba: Se iniciará un período intensivo (estimado entre 3 a 6 meses) donde la querella impulsará el requerimiento de mayor documentación a la OSPIQYP y la citación de testigos clave para determinar quiénes fueron los coautores materiales de la falsificación en el entorno del sindicato.
Elevación a Juicio y Posibles Penas: De consolidarse este cuadro probatorio, la causa se elevará a un tribunal oral en un plazo de seis a doce meses. Los delitos en juego contemplan penas de prisión de 1 a 6 años.
Dada la figura legal de "concurso ideal", se aplicará la pena correspondiente al delito mayor. Una eventual condena derivaría también en la inhabilitación para administrar obras sociales o fondos de terceros.
Este revés judicial es un golpe directo a la línea de flotación de Fabián Hermoso. Mientras el secretario general observa cómo la obra social de los químicos (OSPIQYP) se hunde en un concurso de acreedores plagado de deudas y sospechas, la Justicia ha comenzado a desentrañar y castigar el entramado de firmas adulteradas y ocultamiento contable con el que jugaron a espaldas de sus propios afiliados.