LAS PRINCIPALES CENTRALES DE TRABAJADORES Y LA ORGANIZACIÓN DE LA ECONOMÍA POPULAR RETOMAN LA ACCIÓN DIRECTA CON CONVOCATORIAS CONJUNTAS PARA EL 22 DE JULIO Y EL 7 DE AGOSTO. EL EJE DEL DESCONTENTO SE ENFOCA EN LA SUSPENSIÓN DE PROGRAMAS LABORALES Y EL DETERIORO DE LOS INGRESOS DE LA CLASE PASIVA. LA DIRIGENCIA SINDICAL MANTIENE EN EVALUACIÓN UNA HUELGA TOTAL SI EL EJECUTIVO NO ESTABLECE CANALES DE DIÁLOGO.
El mapa de la conflictividad socioeconómica en el país experimentará un repunte significativo durante las próximas semanas, a partir de una estrategia de reclamos diseñada en unidad por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA), la CTA Autónoma y la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP). La dirigencia de estos espacios ha optado por implementar una metodología de tensión gradual, cuya primera expresión en la vía pública está programada para este miércoles 22 de julio, acoplándose a la habitual concentración de agrupaciones de jubilados.
Durante esta primera jornada frente al Congreso de la Nación, el bloque gremial unificado buscará visibilizar dos problemáticas principales. Por un lado, se sumarán al pedido de recomposición de los haberes correspondientes a la clase pasiva. Por el otro, el núcleo de la demanda radicará en el repudio a las suspensiones y bajas masivas ejecutadas sobre los subsidios de fomento al empleo, puntualmente las modificaciones restrictivas que afectaron a cerca de un millón de inscriptos en el sistema Volver al Trabajo.
El itinerario de manifestaciones tendrá un segundo capítulo de gran envergadura el próximo 7 de agosto, fecha en la que confluye la tradicional conmemoración religiosa en el templo de Liniers dedicado al patrono del pan y el empleo. En esa oportunidad, la CGT, ambas ramas de la CTA y la UTEP planean coordinar una movilización que aglutine a asalariados bajo convenio, cooperativistas y sectores vulnerables. El objetivo de esta congregación será exteriorizar el profundo malestar frente a las normativas macroeconómicas implementadas por la administración central que, según sostienen los referentes de las centrales obreras, erosionan el poder adquisitivo de los ingresos y destruyen los puestos de sustento genuino.
En cuanto a la concreción de una huelga de alcance nacional, las autoridades que conducen el frente obrero han preferido la cautela estratégica y evitaron fijar un cese total de actividades de forma inmediata. Sin embargo, desde el seno de las deliberaciones gremiales advierten que esta medida de fuerza extrema se mantiene plenamente vigente sobre la mesa de análisis y ya forma parte del consenso para el mediano plazo. Su activación definitiva se encuentra estrictamente condicionada a la receptividad del Poder Ejecutivo ante los petitorios que se presentarán en estas marchas y a la evolución de los indicadores económicos, consolidando una paralización generalizada de tareas como el horizonte probable si el conflicto no halla instancias de concertación oficial.