EN UNA AUDIENCIA FALLIDA ESTE JUEVES, LA UNIÓN TRANVIARIOS AUTOMOTOR (UTA) RECHAZÓ LAS DILACIONES DE LAS EMPRESAS Y EL GOBIERNO, MANTENIENDO EL ESTADO DE ALERTA ANTE LA CRISIS SALARIAL QUE AFECTA A MILES DE CHOFERES. SI NO HAY AVANCES CONCRETOS PARA EL MARTES 27, EL GREMIO ACTIVARÁ MEDIDAS DE FUERZA QUE PODRÍAN PARALIZAR EL TRANSPORTE PÚBLICO EN EL ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES.
La negociación salarial entre la UTA y las cámaras empresarias del transporte colectivo en el AMBA volvió a estancarse este jueves 22 de enero de 2026, en una audiencia convocada por la Subsecretaría de Relaciones del Trabajo. Representantes del sindicato, liderado por Roberto Fernández, y las entidades como AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA no lograron acuerdos, pasando a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 27 de enero a las 15:00 horas, en formato virtual.
Esta postergación es una nueva maniobra para dilatar la justa recomposición salarial que reclaman los choferes. La UTA presentó una "última versión de propuesta de incremento salarial", ajustada a las discusiones previas, pero las empresas la condicionaron a una revisión de costos por parte de la Secretaría de Transporte. El gremio rechazó previamente un ofrecimiento del 1% como una "burla", argumentando que los ingresos actuales no alcanzan para sostener un hogar en medio de la inflación galopante.
Los trabajadores no serán "rehenes" de la puja financiera entre empresas y el Ejecutivo nacional, enfatizó la UTA. El sindicato mantiene activo su estado de alerta y ratificó que, de no surgir respuestas concretas en la próxima reunión, activará un plan de lucha, incluyendo un posible paro total en líneas de corta y media distancia del AMBA, afectando a millones de usuarios.
La audiencia se dio en un contexto de inestabilidad en la Secretaría de Transporte: Luis Pierrini, quien asumió en mayo de 2025 reemplazando a Franco Mogetta, renunció por razones personales y será sucedido por el arquitecto Fernando Herrmann, según el Ministerio de Economía liderado por Luis Caputo.
Las empresas, por su parte, alegan un "estrangulamiento financiero" por retrasos en subsidios y riesgo de quiebra en el 40% de las firmas, solicitando un análisis con Transporte y una cita con Economía para el lunes. Sin embargo, desde el enfoque sindical, estas excusas ocultan la falta de voluntad para priorizar salarios dignos, mientras los choferes enfrentan costos crecientes.
Los funcionarios instaron a "extremar esfuerzos" para mantener la paz social y evitar interrupciones en el servicio. Pero la UTA insiste: la prioridad son los trabajadores, no las disputas políticas o empresariales bajo el Gobierno de Javier Milei.
Este conflicto resalta la urgencia de paritarias justas en un sector esencial, donde los choferes garantizan la movilidad diaria de millones. La resolución del martes será clave para evitar un caos en el transporte público.