LA ASOCIACIÓN JUDICIAL BONAERENSE (AJB) AVALÓ LA OFERTA SALARIAL DEL GOBIERNO PROVINCIAL PARA NO DEMORAR EL COBRO DE ENERO, PERO ADVIRTIÓ QUE ES INSUFICIENTE FRENTE A LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO. EXIGEN REAPERTURA URGENTE EN FEBRERO Y RECHAZAN SER “VARIABLE DE AJUSTE” EN MEDIO DE LA CRISIS FISCAL.
En un contexto de fuerte tensión salarial en la administración pública bonaerense, los trabajadores judiciales cerraron la paritaria 2025-2026 aceptando “en disconformidad” un aumento del 4,5% de bolsillo que se cobrará con los haberes de enero. La decisión, comunicada oficialmente por la AJB en las últimas horas, responde a la proximidad del cierre de liquidación y la feria judicial, pero no oculta el profundo malestar del sector.
El incremento se compone de un 1% correspondiente a diciembre 2025 (con impacto proporcional en el aguinaldo y retroactivos), más un 2% para enero 2026, alcanzando un total del 4,5%. Jubilados y pensionados percibirán el ajuste con retroactivos en febrero. Sin embargo, la dirigencia gremial enfatizó que la propuesta resulta “superadora pero insuficiente” para compensar la fuerte erosión salarial sufrida en el último período, agravada por la inflación y el recorte de recursos provinciales en disputa con el gobierno nacional.
“Entendemos la situación financiera de la provincia, producto del enfrentamiento entre Kicillof y el presidente Milei, pero los trabajadores no podemos ser la variable de ajuste”, señalaron fuentes gremiales. La aceptación transitoria busca garantizar el pago en tiempo y forma a miles de compañeros y compañeras, pero no cierra el conflicto: la AJB exigió formalmente la reapertura de la negociación en la primera quincena de febrero para discutir una recomposición real, ingresos en categorías de menor antigüedad, subcategorías para el sector pasivo y la agenda sectorial pendiente, incluyendo el pase a planta permanente y la derogación de resoluciones lesivas.
El acuerdo llega en medio de un clima de conflictividad creciente. Otros gremios estatales como UPCN, ATE y FUDB también aceptaron ofertas con “sabor a poco”, mientras sectores disidentes no descartan protestas en los próximos días o al inicio del ciclo lectivo. El propio gobernador Axel Kicillof enfrenta presiones múltiples por la caída de recaudación y la reducción de transferencias nacionales, lo que genera amenazas latentes de medidas de fuerza en varios sectores.
Desde la perspectiva gremial, este cierre forzado evidencia la necesidad de fortalecer la unidad de los trabajadores para enfrentar el ajuste. Los judiciales bonaerenses reafirman que no bajarán los brazos: la lucha por salarios dignos, condiciones laborales justas y reconocimiento del rol esencial del Poder Judicial continúa. La pelota ahora está en la cancha del gobierno provincial, que deberá responder en febrero o asumir las consecuencias de un conflicto que puede escalar.