EN MEDIO DE LA DEPURACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD PRIVADA IMPULSADA POR EL GOBIERNO NACIONAL, QUE HOY EXCLUYÓ A 13 EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGA, LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA INDUSTRIA LECHERA (OSPIL) ACLARA QUE SU MENCIÓN FUE UN ERROR Y REAFIRMA SU COMPROMISO CON LOS TRABAJADORES, PESE A LAS GRAVES MOROSIDADES DE EMPLEADORES QUE SUPERAN LOS 25 MIL MILLONES DE PESOS.
El sector de la salud privada en Argentina vive un nuevo capítulo de reordenamiento bajo la administración de Javier Milei. Este jueves, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) oficializó la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga que operaban como "entidades fantasmas", sin afiliados activos ni cumplimiento de los requisitos legales establecidos por la Ley 26.682. Entre las afectadas se encuentran Codime S.A., Mapfre Salud S.A., Sociedad Médica Universitaria S.A., Carra Salud S.A., Huinca Salud S.A., Emergencia Río Cuarto (Aspurc), Emergencias Médicas Punilla S.A., Rescate Centro S.A., y otras, sumando así más de 40 exclusiones en lo que va del año y superando las 150 desde el inicio de la gestión actual.
Esta medida, parte de un esfuerzo por transparentar el padrón y garantizar prestaciones de calidad, ha generado confusión en el ámbito gremial. Desde el enfoque de los trabajadores de la industria lechera, representados por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA), surge una voz de alerta: la Obra Social del Personal de la Industria Lechera (OSPIL), una asociación civil sin fines de lucro financiada exclusivamente por aportes obligatorios de empleados y empleadores, fue erróneamente incluida en listas recientes de bajas.
En un comunicado oficial emitido hoy, OSPIL informa a sus beneficiarios y prestadores que continúa operando con normalidad, brindando servicios de salud esenciales a miles de familias lecheras a pesar de las adversidades. "Nuestra entidad no es una empresa de medicina prepaga, sino una obra social solidaria que defiende los derechos de los trabajadores", enfatizan desde el gremio, destacando que el error de denominación por parte del Gobierno podría generar una innecesaria alarma entre los afiliados.
Sin embargo, el verdadero desafío para OSPIL radica en el "permanente y exponencial incumplimiento" de pagos por parte de grandes empresas del sector lácteo. Según el comunicado, compañías como SANCOR CUL, VERÓNICA SA, ARSA, LA LÁCTEO y LÁCTEOS CONOSUR/LA SUIPACHENSE adeudan colectivamente más de 25 mil millones de pesos, una suma que resiente gravemente el pago de prestaciones médicas y pone en jaque la sostenibilidad del sistema. "Esta morosidad no solo afecta la caja de la obra social, sino que vulnera directamente la salud y el bienestar de los trabajadores y sus familias, quienes dependen de estos servicios en un contexto de crisis económica", denuncian voceros gremiales.
Desde ATILRA, se insta al Gobierno y a las autoridades regulatorias a corregir estos errores administrativos y a intervenir en las deudas patronales, que representan un atropello a los convenios colectivos. "No permitiremos que la depuración del sector salud se convierta en un pretexto para debilitar las obras sociales gremiales, pilares de la solidaridad obrera", afirman.
Esta situación subraya las tensiones entre la agenda de desregulación gubernamental y las demandas sindicales por estabilidad laboral y cobertura sanitaria. Mientras el Ejecutivo avanza en su plan de auditoría, el gremio lechero llama a la unidad para proteger los logros conquistados.
EL COMUNICADO DE ATILRA
