LA ESCALADA DE PRECIOS EN EL SEGUNDO SEMESTRE DE 2025 ROMPIÓ EL ESQUEMA OFICIAL DE AUMENTOS DEL 1,5% MENSUAL, FORZANDO RENEGOCIACIONES MASIVAS Y DEJANDO A LOS TRABAJADORES CON PÉRDIDAS REALES DEL 4,5%, SEGÚN RELEVAMIENTOS GREMIALES Y DATOS DEL INDEC.
La aceleración inflacionaria durante la segunda mitad de 2025, con picos mensuales entre el 1,9% en julio y el 2,8% en diciembre, pulverizó la pauta salarial impulsada por el Gobierno nacional como referencia para las negociaciones colectivas. El acumulado anual del IPC alcanzó el 31,5%, el más bajo en ocho años según el INDEC y BBVA Research, pero insuficiente para compensar el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores. Desde una perspectiva gremial, esta dinámica representa un fracaso de las políticas oficiales, que priorizaron el anclaje macroeconómico a costa de los ingresos laborales.
Relevamientos de centros como el Centro de Políticas Públicas (C-P) y el IARAF indican que, hacia noviembre, el salario promedio de los principales convenios acumulaba una caída real cercana al 4,5%, profundizada por los últimos meses de inflación entre 2,5% y 2,8%. Pese a reaperturas extendidas, la mayoría de los acuerdos quedó por detrás de los precios, con subas nominales superiores al 1,5% oficial pero incapaces de recomponer el poder adquisitivo de manera sostenida. La CGT y sindicatos como ATE han denunciado esta "pauta estricta" como un ajuste encubierto, exigiendo revisiones urgentes y salarios mínimos que superen la canasta básica.
La tensión no derivó en estallidos masivos de conflictos, pero se canalizó en reaperturas "silenciosas" con ajustes parciales. En sectores industriales como la metalurgia, los salarios cerraron apenas 1-2 puntos por debajo de la inflación, mientras las empresas enfrentan márgenes estrechos por precios de venta rezagados, servicios encarecidos y un boom de importaciones del 60% interanual. En las pymes, la crisis combina salarios atrasados con caídas de rentabilidad, suspensiones y cierres, agravando la destrucción de empleo registrado.
Como paliativo transitorio, se multiplicaron bonos no remunerativos y sumas fijas. Sin embargo, estos recursos se licúan rápidamente ante la inflación persistente. Los convenios ahora se firman por tres o cuatro meses, reflejando la incertidumbre y la ausencia de un horizonte estable.
Desde el ámbito sindical, como expresa ATE en sus reclamos por un salario mínimo de 2 millones y cláusulas automáticas, el escenario laboral es frágil: inflación elevada, actividad estancada y empleo en retroceso. La recomposición depende de una desaceleración firme de precios y un cambio en el contexto económico, pero los trabajadores exigen acciones inmediatas para evitar mayor precarización.