EN MEDIO DE TENSIONES POR RECORTES FISCALES QUE IMPACTAN EN LAS PROVINCIAS, EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI ACELERA NEGOCIACIONES CON GOBERNADORES PARA APROBAR LA MODERNIZACIÓN LABORAL EN SESIONES EXTRAORDINARIAS DE FEBRERO. ESTA INICIATIVA AMENAZA DERECHOS LABORALES CONQUISTADOS, PRIORIZANDO INTERESES EMPRESARIALES SOBRE LA ESTABILIDAD DE LOS TRABAJADORES.
Buenos Aires, 18 de enero de 2026 – Mientras el presidente Javier Milei despliega una agenda pública cargada de simbolismos, como su reciente actuación junto al Chaqueño Palavecino en Jesús María y la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea en Asunción, en la Casa Rosada se intensifican las tratativas para convertir en ley el proyecto de Modernización Laboral. Esta reforma, que busca flexibilizar normas laborales, es vista por los sindicatos como un retroceso que podría precarizar el empleo y debilitar la negociación colectiva.
El ministro del Interior, Diego Santilli, lidera las conversaciones con gobernadores aliados y opositores. Ya se reunió con Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco), Marcelo Orrego (San Juan) y Alfredo Cornejo (Mendoza), quienes manifestaron apoyo al proyecto. Fuentes gremiales consultadas por este medio advierten que esta alianza ignora el impacto en los trabajadores: la reforma promovería contratos más flexibles, reduciendo indemnizaciones y facilitando despidos, lo que podría elevar la desocupación en un contexto de recesión.
Un obstáculo clave es la baja impositiva en Ganancias propuesta en el artículo 191, que haría perder a las provincias 1,5 billones de pesos anuales en coparticipación. Esto incluye reducir la alícuota del impuesto a las sociedades del 30% al 27% y del 35% al 31,5%, eximiendo aranceles para alquileres, ventas de inmuebles e ingresos por depósitos bancarios. Gobernadores como Sergio Ziliotto (La Pampa) postergan encuentros con Santilli, citando "cuestiones climáticas" o "temas personales", pero el trasfondo es el rechazo a estos recortes que afectan fondos provinciales para empleo y obras públicas.
En la Mesa Política de la Casa Rosada, se analizó el panorama durante dos horas en el Salón Eva Perón. Funcionarios argumentan que la merma fiscal se compensará con "empleo genuino", pero esto no convence a los mandatarios ni a los gremios, que ven en ello una excusa para desfinanciar el Estado. Como alternativas, el Gobierno ofrece Aportes del Tesoro Nacional (ATN), obra pública o posponer cambios tributarios, priorizando la aprobación laboral. Santilli y Cornejo coincidieron en la "importancia de tratar la reforma", pero desde el sindicalismo se denuncia que esto beneficia a grandes empresas a costa de los asalariados.
Santilli agenda más reuniones: este lunes con Gustavo Sáenz (Salta), miércoles con Rolando Figueroa (Neuquén) y jueves con Rogelio Frigerio (Entre Ríos). El ministro de Economía, Luis Caputo, impulsa la norma para bajar el Riesgo País y atraer inversiones, argumentando que acumular reservas estabiliza la deuda. Un asesor gubernamental confió: "Es una lógica financiera, pero las reformas son primordiales".
Los gobernadores aprovechan para reclamar: reparto de gravamen a combustibles, pago de deudas previsionales (como en Chaco, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa) y obras viales (Cornejo pide terminar Ruta 40 y 7). Maximiliano Pullaro (Santa Fe) apoya bajar Ganancias si Nación cubre el déficit previsional de $221.610,47 millones en 2025, superando la caída por reformas. Osvaldo Jaldo (Tucumán) critica la caída económica, usando sus votos en Congreso como presión.
Desde la perspectiva gremial, esta "partida de ajedrez" entre Nación y provincias marginaliza a los trabajadores. Sindicatos alertan que la reforma, si se aprueba en sesiones del 11 de febrero en Diputados, profundizará desigualdades. "No es modernización, es precarización", resume un dirigente. Las tratativas continúan a contrarreloj, con decreto de convocatoria posible el 2 de febrero. Los gremios preparan movilizaciones para defender derechos laborales ante un posible giro en el Senado.