EL CESE DE OPERACIONES DE LA EMPRESA HUNTER EN EL HOSPITAL RAWSON EXPONE LAS PRECARIAS CONDICIONES LABORALES EN EL SECTOR, CON TRABAJADORES PERDIENDO ANTIGÜEDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS, MIENTRAS EL SINDICATO UPSRA GUARDA SILENCIO ANTE LA CRISIS.
En un golpe devastador para el sector gremial de la seguridad privada en San Juan, 130 vigiladores quedaron sin empleo tras la pérdida de la licitación por parte de la empresa Hunter en el Hospital Rawson, el principal centro de salud de la provincia. Estos trabajadores, muchos con hasta 20 años de antigüedad, se encargaban de tareas esenciales como la vigilancia de pasillos, guardias y perímetros, garantizando la seguridad de pacientes, personal médico y visitantes. El despido masivo, efectivo de inmediato, ha generado un profundo malestar entre los afectados y sus familias, resaltando las vulnerabilidades inherentes a un sistema de contrataciones que prioriza el costo sobre la estabilidad laboral.
Este episodio subraya la precariedad crónica en la seguridad privada sanjuanina. Según denuncias de trabajadores, muchos no perciben salarios acorde al convenio colectivo, carecen de aportes jubilatorios adecuados y enfrentan una falta de controles estatales que agrava la inestabilidad. "130 personas perdimos el laburo, los voy a echar de menos, ya no más ‘nos vemos mañana’. Adiós Hospital Rawson", expresó uno de los despedidos en un video viral que captura las emotivas escenas de llantos y abrazos en las puertas del hospital. Estas imágenes no solo reflejan el dolor personal, sino también la fractura social que provocan tales decisiones empresariales.
La empresa Hunter, al cesar sus funciones, ofrece indemnizaciones que cubren solo el 70% de lo calculado sobre sueldos básicos, lo que deja a los vigiladores en una posición aún más vulnerable. No se ha alcanzado ningún acuerdo con la nueva prestataria para reincorporar al personal, lo que implica la pérdida total de antigüedad y derechos laborales acumulados. Este escenario es particularmente alarmante en un contexto donde, como revelan fuentes del sector, un mismo dueño opera múltiples empresas de seguridad, posiblemente para eludir responsabilidades gremiales y evitar el cumplimiento integral de las normativas laborales.
El silencio de la delegación local del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Privada (UPSRA) ha sido notorio, sin manifestaciones públicas ni acciones visibles para defender a los afiliados. Desde el gremio, se espera una respuesta urgente que incluya negociaciones para la reincorporación y mejoras en las condiciones del sector, como salarios dignos, estabilidad y fiscalización estatal. Este despido masivo no es un caso aislado, sino un síntoma de un modelo que desprotege al trabajador, afectando a más de un centenar de familias en plena crisis económica.
En resumen, los vigiladores de San Juan demandan justicia gremial: no solo indemnizaciones justas, sino reformas que prioricen el empleo estable sobre las licitaciones precarias. La comunidad sindical debe unirse para evitar que estos eventos se repitan, protegiendo los derechos de quienes velan por la seguridad de todos.