APENAS DÍAS DESPUÉS DE CONCEDER UN INCREMENTO DEL 61% A LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL GARRAHAN, EL GOBIERNO NACIONAL APLICÓ SUMARIOS DISCIPLINARIOS A VARIOS TRABAJADORES POR PRESUNTA "COACCIÓN Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD", EN MEDIO DE UN CONFLICTO QUE DURÓ SEIS MESES Y CULMINÓ CON UNA VICTORIA GREMIAL.
El Hospital Garrahan, referente en pediatría en Argentina, vive un nuevo capítulo de tensión laboral. Tras meses de reclamos, paros y movilizaciones, los trabajadores lograron un aumento salarial del 61% anunciado por el Gobierno el pasado 4 de noviembre. Sin embargo, este logro se ve empañado por sanciones disciplinarias impuestas por el interventor del Ministerio de Salud, Mario Lugones, contra personal clave del centro médico.
El incremento, que abarca a personal de planta, contratos de empleo público, becarios y otros, fue otorgado por obligación legal, presionado por fallos judiciales y el amplio apoyo social a la lucha gremial. Autoridades del hospital confirmaron que el ajuste se aplicará sobre la asignación básica, representando un triunfo histórico para los sindicatos como la Asociación de Profesionales y Técnicos (APYT). No obstante, el Consejo Directivo del Garrahan anunció que sus miembros desistirán de percibir esta suba, en un gesto de solidaridad con el personal.
Pese a la resolución favorable, el Gobierno inició procedimientos sumariales contra trabajadores, incluyendo a Norma Lezana, delegada gremial de APYT. Las acusaciones incluyen "coacción agravada" y "resistencia a la autoridad", vinculadas a las protestas que llevaron al aumento. Fuentes sindicales denuncian que estas medidas son retaliatorias y buscan amedrentar al personal, que durante el conflicto enfrentó descuentos salariales y amenazas.
El interventor Mariano Pirozzo, designado por el Ejecutivo libertario, es señalado como responsable de estas acciones. Según lo que nos han reportado nuestras fuentes, los sumarios se aplican selectivamente a líderes sindicales, exacerbando el malestar en el hospital.
Este episodio se enmarca en un contexto de ajustes presupuestarios en salud pública bajo la administración de Javier Milei. Los trabajadores del Garrahan, que atienden a miles de niños anualmente, advierten que las sanciones podrían afectar la moral y el funcionamiento del institución. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha emitido declaraciones oficiales sobre las denuncias.
La comunidad médica y gremial convoca a un "Cabildo Abierto" para discutir el futuro del hospital y rechazar las sanciones, reafirmando su compromiso con la defensa de derechos laborales. El caso destaca las tensiones entre el Gobierno y los sindicatos en un sector clave como la salud infantil.