DOCENTES DE 66 UNIVERSIDADES NACIONALES INICIAN UNA HUELGA DE 72 HORAS EXIGIENDO EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE FINANCIAMIENTO UNIVERSITARIO. LA MEDIDA, RESPALDADA POR CONADU Y CONADU HISTÓRICA, DENUNCIA EL DETERIORO SALARIAL Y EL DESFINANCIAMIENTO EDUCATIVO. SIN CLASES NI ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, EL PARO VISIBILIZA LA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA. EL GOBIERNO AÚN NO RESPONDE, MIENTRAS CRECE LA UNIDAD GREMIAL.
Buenos Aires, 12 de noviembre de 2025 – En un acto de resistencia colectiva, unos 200 mil docentes de las 66 universidades nacionales de Argentina inician hoy un paro de 72 horas, convocado por las federaciones CONADU y CONADU Histórica. La medida, que se extenderá hasta el viernes 14, responde al incumplimiento gubernamental de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario y busca revertir el deterioro salarial que amenaza la sostenibilidad del sistema educativo público.
Desde el amanecer de este miércoles, las aulas y laboratorios permanecen en silencio en todo el país. Las asociaciones gremiales de base, tras intensas deliberaciones en plenarios y congresos, han ratificado la adhesión masiva a esta jornada de lucha. "No es solo un reclamo salarial; es una defensa irrestricta de la universidad pública como pilar de la soberanía nacional y el desarrollo social", declaró Ricardo Mozzi, secretario general de CONADU, en el anuncio del viernes pasado. La federación, que nuclea a la mayoría de los sindicatos docentes, aprobó la huelga por mayoría en un plenario de secretarios generales, respaldado por una consulta nacional que involucró a miles de trabajadores de la docencia y la investigación.
CONADU Histórica, alineada con la CTA Autónoma, había anticipado la medida el 30 de octubre, con la participación de 84 delegados que profundizaron el plan de acción "en defensa de la universidad pública y de los salarios". "El Gobierno decidió el desfinanciamiento sistemático de nuestras casas de estudio, violando la voluntad del Congreso y la Constitución", enfatizó Ileana Celoto, de la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA). La ley, sancionada el 2 de octubre y promulgada el 21, prevé un aumento del 43% en los haberes para recuperar el poder adquisitivo perdido desde noviembre de 2023, junto con un presupuesto que ascendería a 1,07 billones de pesos en 2025 y más de 2 billones en 2026. Sin embargo, su implementación fue suspendida por el Ejecutivo, alegando falta de fuentes de financiamiento, lo que el Frente Sindical Universitario califica como "anticonstitucional".
El impacto es inmediato: no habrá clases, exámenes ni actividades administrativas, afectando a cientos de miles de estudiantes y la comunidad universitaria. Pilar Barbas, secretaria de la Federación Universitaria Argentina (FUA), alertó que, de persistir la inacción oficial, el ciclo lectivo 2026 corre serio riesgo de no iniciarse. "Hemos marchado en las calles y la ciudadanía nos acompañó; ahora judicializaremos el reclamo junto al Frente Sindical si no hay avances en paritarias", advirtió. Gremios como UDA, FEDUN y FATUN evalúan sumarse, ampliando el frente de unidad.
Este paro se inscribe en una conflictividad latente durante todo 2025, marcada por movilizaciones masivas contra los intentos de veto presidencial a la ley. Los docentes denuncian un ajuste que ha erosionado las condiciones de trabajo: laboratorios sin insumos, investigaciones paralizadas y salarios por debajo de la línea de pobreza. "Exigimos la inmediata reapertura de paritarias y la plena vigencia de la ley para garantizar dignidad laboral y el rol transformador de la educación superior", resumió el congreso de CONADU.
La huelga no solo paraliza, sino que visibiliza: concentraciones y asamblemas se multiplican en sedes universitarias, desde la UBA hasta la UNSa, fortaleciendo la solidaridad intergremial. En un contexto de crisis económica, los trabajadores educativos reafirman su compromiso con una universidad inclusiva y gratuita, accesible para todos los sectores populares.
Mientras el Gobierno guarda silencio, el movimiento obrero universitario apela a la sociedad: la educación no es un gasto, sino una inversión en el futuro. La pelota está en la cancha oficial; la respuesta definirá si el diálogo prevalece o la lucha se intensifica.