GERARDO MARTÍNEZ, REPRESENTANTE SINDICAL, RECHAZÓ EL PROYECTO POR CONSIDERARLO UNA REPETICIÓN DEL DNU 70/23, YA JUDICIALIZADO, AUNQUE LA CENTRAL OBRERA SEGUIRÁ PARTICIPANDO EN EL DIÁLOGO MULTISECTORIAL HASTA DICIEMBRE PARA INFLUIR EN LAS CONCLUSIONES FINALES.
La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó un rotundo rechazo a la nueva reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, calificándola como una ratificación del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, que fue rechazado previamente por la central sindical y declarado inconstitucional en instancias judiciales. A pesar de las duras críticas, la participación de la CGT en el Consejo de Mayo no corre peligro, ya que la entidad mantendrá su presencia en esta mesa de diálogo hasta diciembre, cuando se esperan las conclusiones sobre la reforma y otros temas económicos.
Gerardo Martínez, secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA) y figura clave del ala dialoguista de la CGT, difundió un documento donde detalla las objeciones. "La pretendida Reforma Laboral que impulsa el Gobierno Nacional no es más que la ratificación del Decreto 70/23 en su capítulo laboral, decisión inconsulta y que fuera oportunamente rechazado por la CGT y judicializado con éxito", afirmó Martínez. Agregó que, en las reuniones del Consejo de Mayo, la CGT expresó un "contundente y categórico rechazo" a cualquier modificación inspirada en ese decreto, culminando con un enfático "BASTA".
El sindicalista argumentó que la ausencia de un modelo económico centrado en el crecimiento sostenido, con énfasis en el trabajo y los salarios dignos, retrasa el progreso y priva a miles de argentinos de empleos estables. "Ningún país crece y se desarrolla empobreciendo a sus trabajadores. La evidencia muestra que cada vez que se intentó avanzar contra los derechos laborales, el resultado fue más precariedad, desigualdad y exclusión", enfatizó. Martínez desmintió que el "costo argentino" se deba a regulaciones laborales o salarios altos, atribuyéndolo en cambio a fallas en las políticas económicas, tributarias y cambiarias.
Además, defendió el rol de las pequeñas y medianas empresas (pymes), que representan más del 90% del tejido productivo y generan la mayoría del empleo formal. "No es el exceso de regulaciones laborales el causante de esta situación, sino la ausencia de una política económica que brinde condiciones reales de inversión productiva y rentabilidad sostenible", señaló. Propuso una modernización laboral orientada al fortalecimiento de las pymes, la promoción de la industria nacional, incentivos a las exportaciones y negociaciones colectivas libres, sin restricciones.
La CGT aboga por un diálogo transparente y sustentable que incluya todos los intereses, no solo los empresariales. "Queremos un pacto productivo que articule políticas activas para la generación de valor agregado, la capacitación laboral y la formalización del empleo informal", concluyó Martínez. Fuentes cercanas al dirigente indicaron que el Gobierno difunde proyectos en contexto electoral que no coinciden con los consensos del Consejo de Mayo.
Por su parte, el Gobierno, a través del secretario de Trabajo Julio Cordero, ha defendido la reforma como una herramienta para "consolidar derechos reales" y corregir distorsiones, aunque no respondió directamente a las críticas de la CGT en este episodio. La tensión persiste, pero el compromiso con el diálogo en el Consejo de Mayo se mantiene, en busca de un equilibrio entre capital y trabajo para el desarrollo nacional.