EL STVYARA, LIDERADO POR GRACIELA ALEÑÁ, SOLICITA A LA COMISIÓN BICAMERAL DEL CONGRESO LA ANULACIÓN DEL DECRETO 461/2025, QUE ELIMINA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y OTROS ENTES CLAVE, ARGUMENTANDO QUE PONE EN RIESGO LA INFRAESTRUCTURA VIAL Y MILES DE EMPLEOS.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, presentó un pedido formal al Congreso Nacional para que derogue el Decreto 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei, que ordena la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La solicitud, dirigida al diputado Oscar Zago, presidente de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, busca revertir una medida que el gremio considera basada en "informes apócrifos" del Ministerio de Desregulación y que amenaza la infraestructura vial y la estabilidad laboral de más de 5.000 trabajadores.
La disolución de la DNV, oficializada el 8 de julio de 2025 en el Boletín Oficial, se enmarca en la política de ajuste del gobierno de Milei, que argumenta un ahorro anual de 100 millones de dólares y señala supuestos casos de corrupción y nepotismo en el organismo. Sin embargo, el STVyARA sostiene que el decreto carece de sustento técnico y no especifica quién asumirá las tareas esenciales de mantenimiento y control de más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales. "La eliminación de Vialidad Nacional representa un grave perjuicio para la cohesión territorial y la seguridad vial. Una ruta en mal estado es una trampa mortal", advirtió Aleñá, subrayando el rol estratégico del organismo en la conectividad y el desarrollo económico del país.
El gremio celebra la reciente suspensión judicial del decreto por seis meses, dictada por la jueza Martina Forns tras un amparo presentado por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA). La medida cautelar, que prohíbe al Ejecutivo ejecutar actos administrativos derivados del decreto, como traslados o cesantías, refuerza la lucha sindical. No obstante, el gobierno anunció que apelará el fallo, lo que intensifica el conflicto. "Esta decisión judicial es un respaldo a nuestra lucha por la legalidad y la estabilidad laboral, pero la batalla continúa en el Congreso", afirmó Aleñá.
El STVyARA, junto con otros sindicatos y sectores opositores, busca que la Comisión Bicameral rechace el decreto, lo que requeriría el voto de ambas cámaras legislativas. Además, el gremio ha solicitado el apoyo de gobernadores e intendentes, argumentando que el cierre de Vialidad Nacional afecta no solo a los trabajadores, sino también a la seguridad y el desarrollo de todas las regiones. "Vialidad no sobra: hace patria en cada kilómetro de ruta que conecta a los argentinos", enfatizó el sindicato en un comunicado.
La controversia se da en un contexto de tensión por el desfinanciamiento de la obra pública, lo que ha generado roces con gobernadores y ha impulsado movilizaciones gremiales. Los trabajadores viales, respaldados por la CGT y la CATT, prometen continuar la resistencia en las calles y los tribunales para defender un organismo con 93 años de historia, clave para la infraestructura del país.