LOS GREMIOS ALERTAN QUE EL GOBIERNO DE JAVIER MILEI BUSCA DESMANTELAR LAS OBRAS SOCIALES SINDICALES MEDIANTE INTERVENCIONES ARBITRARIAS, ACUSÁNDOLO DE FAVORECER A EMPRESARIOS CERCANOS Y DE TRANSFERIR AFILIADOS A PREPAGAS PRIVADAS, EN UN ATAQUE DIRECTO A LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
Buenos Aires, 22 de julio de 2025 – La gestión del presidente Javier Milei enfrenta crecientes críticas desde el sector gremial por lo que consideran un plan sistemático para desarticular las obras sociales sindicales, algo que venimos marcando recurrentemente en este medio, una de las principales herramientas de protección de la salud de los trabajadores argentinos. Según denuncias de diversos sindicatos, las intervenciones dispuestas por el Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), no solo buscan sanear supuestas irregularidades, sino que tienen como objetivo beneficiar a empresarios allegados al oficialismo y redirigir a los afiliados hacia empresas de medicina prepaga, en detrimento de los derechos laborales.
Desde el inicio de su gestión, Milei ha impulsado una serie de medidas orientadas a reformar el sistema de salud, incluyendo decretos que desregulan las obras sociales y permiten la afiliación directa a prepagas sin intermediación. Una de las acciones más controvertidas ha sido la intervención de entidades como la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA), la segunda más grande del país con más de 650.000 afiliados, y la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT), entre otras. Según fuentes gremiales, estas intervenciones, justificadas por el Gobierno como una respuesta a "graves incumplimientos", carecen de transparencia y responden a un intento de debilitar a los sindicatos.
"Lo que está haciendo Milei es un ataque directo a los trabajadores. Intervienen nuestras obras sociales, colocan a personas de su confianza, muchas vinculadas al sector privado de la salud, y luego facilitan que los afiliados sean absorbidos por prepagas como Swiss Medical, que ya se inscribió para recibir aportes directos", afirmó José Voytenco, secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). "Esto no es saneamiento, es un negocio para los amigos del Gobierno", agregó.
Un caso emblemático es el de OSPRERA, intervenida en agosto de 2024 mediante el Decreto 720/24, pese a que un fallo judicial de la Justicia Federal Pampeana, a cargo del juez Juan José Baric, había devuelto su control al gremio apenas un mes antes. La intervención, liderada por Marcelo Petroni, fue denunciada por el sindicato como una maniobra para despojar a los trabajadores rurales de la gestión de su obra social, que arrastra una deuda de $43.949 millones, pero que había recibido $350.000 millones en subsidios durante la gestión anterior. "No se trata de irregularidades, sino de un intento de transferir el control de los fondos y los afiliados a empresarios cercanos al poder, como Gabriel Oriolo, exgerente de OSDE, que hasta hace unos días encabezó la Superintendencia de Servicios de Salud", señaló Voytenco.
Otro caso que generó polémica fue la intervención de la Obra Social de Fotógrafos (OSFOT), decretada el 26 de febrero de 2025 (Decreto 129/2025). Aunque la SSS alegó "graves incumplimientos", la Justicia revirtió la intervención tras una medida cautelar, devolviendo el control al presidente de la entidad, Víctor Manuel Lamas. Los gremios denuncian que, durante la intervención, se realizaron transferencias por $304 millones, autorizadas por Lamas, pero cuestionadas como maniobras fraudulentas por el interventor Salvador Macedonio. Para los sindicatos, esto refleja un doble estándar: mientras se acusa a las gestiones gremiales de irregularidades, las intervenciones oficiales también operan con opacidad.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y otras centrales sindicales han advertido que estas medidas forman parte de una estrategia más amplia para debilitar el poder de negociación de los gremios. "Milei quiere desfinanciar las obras sociales para forzar a los trabajadores a migrar a prepagas, que han aumentado sus cuotas un 75% en promedio en los últimos meses", señaló un vocero de la CGT. "Esto no solo encarece la salud, sino que deja a millones de trabajadores sin cobertura adecuada, mientras los fondos que aportamos terminan en manos de privados".
El Gobierno, por su parte, defiende las intervenciones como parte de un plan para "reordenar el sistema de salud" y eliminar "sellos de goma", entidades sin actividad real. Según la SSS, en 2025 se liquidaron cinco obras sociales, como la del Personal Aduanero (OSPAD), por falta de afiliados o prestaciones, y se declararon en crisis otras cuatro. Sin embargo, los gremios cuestionan la imparcialidad de estas auditorías, señalando que el cálculo del Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA) fue ajustado para perjudicar a las obras sociales más pequeñas, reduciendo sus fondos en $3.483 millones, mientras que las de mayor estructura, vinculadas a gremios aliados, resultaron beneficiadas.
La avanzada del Gobierno también incluye la eliminación de intermediarios entre obras sociales y prepagas, una medida que, según el Ejecutivo, busca transparentar el sistema. Sin embargo, los sindicatos argumentan que esto facilita la captación de afiliados por parte de grandes empresas como Swiss Medical, que en octubre de 2024 se inscribió como agente del seguro de salud para recibir aportes directos, afectando a un universo de 3,5 millones de afiliados.
Ante este panorama, los gremios preparan acciones legales y movilizaciones. La CGT evalúa presentar recursos ante la Justicia para frenar lo que consideran un "desguace" del sistema de obras sociales, mientras que sectores más combativos, como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), también se involucraron. "No vamos a permitir que Milei y sus allegados se queden con los fondos de los trabajadores. Las obras sociales son nuestras, y las defenderemos con la fuerza de la clase obrera", aseguró Alejandro Gramajo, secretario de UTEP.
Mientras la pulseada entre el Gobierno y los sindicatos se intensifica, los trabajadores afiliados enfrentan incertidumbre sobre el futuro de su cobertura médica. En un contexto de aumento de costos y recortes presupuestarios, la batalla por las obras sociales se perfila como uno de los frentes más calientes del conflicto social en Argentina.