LA PLANTA DE ALIMENTOS REFRIGERADOS SA EN ARENAZA, CONTROLADA POR EL GRUPO MARALAC, ANUNCIÓ LA INTERRUPCIÓN DE SUS ACTIVIDADES POR UN MES, PONIENDO EN RIESGO LAS FUENTES DE TRABAJO DE MÁS DE 200 EMPLEADOS. DESDE ATILRA DENUNCIAN IRREGULARIDADES, DEUDAS SALARIALES Y UNA GESTIÓN FRAUDULENTA QUE AGRAVA LA CRISIS.
La localidad de Arenaza, en el partido de Lincoln, enfrenta un nuevo golpe económico y social con la decisión de Alimentos Refrigerados SA (ARSA) de suspender su producción por 30 días. La planta láctea, que pertenece al Grupo Maralac y es la mayor empleadora de la zona con más de 200 trabajadores, comunicó esta semana la medida a sus empleados, generando incertidumbre sobre el futuro laboral de las familias que dependen de la empresa.
Según el comunicado oficial de ARSA, la suspensión se debe a una combinación de factores críticos: cortes prolongados en el suministro eléctrico, la situación de quiebra de Vicentín —proveedor clave— y recientes embargos judiciales en la planta industrial que la empresa posee en Córdoba. “En los últimos días se han intensificado una serie de dificultades que impactan directamente en nuestras operaciones, imposibilitando la continuidad de las actividades productivas durante los próximos 30 días”, expresó la compañía.
Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) denuncian que la situación es mucho más grave y que la empresa lleva años operando de manera irregular. “ARSA ha fraudelantado toda su actividad desde su inicio. Los trabajadores organizados, junto con los representantes sindicales, seguiremos gestionando y luchando para revertir el desastre que dejarán Vicentín y el Grupo Maralac”, aseguraron desde el gremio.
Los trabajadores denuncian que la empresa opera actualmente con menos de la mitad de su plantel, abonando apenas el 60% de los salarios y acumulando deudas significativas en aportes patronales y obras sociales. Esta precariedad laboral ha generado un clima de tensión y desconfianza, ya que los empleados no solo enfrentan la incertidumbre de la suspensión, sino también la falta de pago de sus haberes y la ausencia de cobertura social.
La planta de Arenaza es un pilar económico para el partido de Lincoln, y su paralización por 30 días representa un duro golpe para la comunidad. Los trabajadores, respaldados por Atilra, exigen respuestas inmediatas y soluciones concretas para garantizar la continuidad de las fuentes de trabajo. “No vamos a permitir que se juegue con el sustento de nuestras familias. Exigimos que se regularice la situación salarial, se cumpla con los aportes y se garantice la estabilidad laboral”, señaló un delegado gremial durante una asamblea en la planta.
Mientras tanto, la comunidad de Arenaza sigue de cerca el conflicto, temiendo que la suspensión sea el preludio de un cierre definitivo. Desde Atilra anunciaron que intensificarán las gestiones con autoridades locales y nacionales para buscar una salida que proteja los puestos de trabajo y evite un nuevo desastre económico en la región.
La crisis de ARSA pone de manifiesto los desafíos que enfrentan los trabajadores de la industria láctea en un contexto de inestabilidad económica y empresarial. La lucha gremial, encabezada por Atilra, será clave para determinar si los 200 empleados de Arenaza podrán conservar sus empleos y sus derechos frente a una situación que, por ahora, solo genera incertidumbre.