EL FALLO DEL JUEZ ESTEBAN ROSSIGNOLI ALCANZA A 24 INTEGRANTES DEL SUTNA, ENTRE ELLOS A SU TITULAR ALEJANDRO CRESPO; EL GREMIO ADVIERTE UN INTENTO DE PENALIZAR LA PROTESTA LABORAL FRENTE AL CIERRE MASIVO DE PUESTOS DE TRABAJO.
El conflicto laboral en la industria del neumático sumó un grave capítulo de tensión judicial y gremial en la provincia de Buenos Aires. El Juzgado de Garantías N° 4 de San Isidro, conducido por el magistrado Esteban Rossignoli, resolvió elevar a juicio oral y público la causa penal instruida contra 24 trabajadores y referentes sindicales por las medidas de fuerza y la permanencia concretadas en las instalaciones de la emblemática fábrica de neumáticos FATE.
La nómina de enjuiciados comprende tanto a la conducción nacional del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) —encabezada por su secretario general, Alejandro Crespo— como a directivos de la seccional San Fernando, delegados de planta y operarios de base. La causa penal tuvo origen tras la paralización de actividades en el predio industrial, luego de que la empresa controlada por el grupo Madanes Quintanilla decretara la cesación de operaciones, una medida que derivó en la pérdida de más de 2.000 empleos directos y miles de puestos indirectos vinculados a la cadena de valor de neumáticos para camiones y colectivos.
Desde la conducción sindical y la defensa técnica de los trabajadores cuestionaron duramente la resolución judicial. Sostienen que el fallo de Rossignoli resulta arbitrario y sienta un peligroso antecedente al criminalizar las herramientas constitucionales de huelga y tutela sindical frente a lo que califican como un lockout patronal intempestivo. Según el gremio, las acciones desarrolladas en el establecimiento productivo tuvieron como único objetivo la defensa de la continuidad laboral de las familias afectadas.
Por su parte, el equipo legal del SUTNA confirmó que apelará la medida dictada por el juez de Garantías para instar el sobreseimiento de los 24 imputados. En el ámbito gremial, las organizaciones del sector y distintas agrupaciones de la industria se declaran en estado de alerta. Sostienen que la judicialización de este conflicto no solo busca convalidar el intempestivo cese industrial de la planta bonaerense, sino también sentar un precedente de amedrentamiento frente al ejercicio del derecho de huelga y la organización de los trabajadores.
