LA CADENA DE PANADERÍAS BAJÓ LAS PERSIANAS DE SUS SUCURSALES Y DE SU PLANTA DE PRODUCCIÓN DE FORMA SORPRESIVA MEDIANTE UN MENSAJE A LA MADRUGADA. FRENTE AL INMINENTE PEDIDO DE QUIEBRA, LOS EMPLEADOS DENUNCIAN UN HISTORIAL DE PRECARIZACIÓN, PERSECUCIÓN ANTISINDICAL Y ORGANIZAN MEDIDAS DE FUERZA PARA RESGUARDAR SUS DERECHOS.
En un accionar que expone la vulnerabilidad del sector asalariado frente a decisiones empresariales unilaterales, la cadena de panaderías Pandanés cerró definitivamente sus operaciones y dejó a 150 personas sin su fuente de trabajo. Lejos de los canales formales y legales que exige la Ley de Contrato de Trabajo, las desvinculaciones se ejecutaron de manera abrupta: a través de un mensaje de WhatsApp enviado al grupo de empleados a las 3:56 de la madrugada del 2 de octubre de 2026.
La instrucción de la patronal fue fulminante: a partir de ese mismo día, el personal no debía presentarse a sus puestos. Al acercarse a las 20 sucursales que aún se mantenían operativas (de las 25 que supieron tener) y a la planta central del barrio porteño de Barracas, los empleados se encontraron con las cerraduras cambiadas, dobles candados y carteles que falsamente indicaban un cierre por "reformas". Este bloqueo físico impidió a los operarios retirar sus objetos personales, al punto que la empresa sugirió que fuera el sindicato quien se ocupara de recuperar pertenencias básicas que habían quedado adentro.
El lado oculto: persecución y atropellos laborales
El estallido del conflicto sacó a la luz un entramado de precarización estructural. Los trabajadores señalaron que la compañía, propiedad de los inversores daneses Lise Lundme Funch y el exeurodiputado Klaus Riskaer Pedersen, mantenía una política explícita de hostigamiento y antisindicalismo, pidiéndole directamente al personal que no mantuviera vínculos con ninguna entidad gremial.
Analía Centeno, una de las trabajadoras damnificadas, relató públicamente el esquema punitivo que aplicaba la firma: sufrían descuentos salariales arbitrarios por tardanzas mínimas, por ausencias justificadas con certificados médicos, o incluso por demorarse más de cinco minutos en el baño. Además, recibían sanciones por no utilizar el uniforme reglamentario —a pesar de que la propia empresa no proveía la indumentaria adecuada para el trabajo en planta— y eran obligados a comercializar productos elaborados con varios días de antigüedad.
Concurso preventivo y pedido de quiebra
El desmoronamiento de la cadena no fue repentino para sus dueños, aunque sí lo fue la modalidad del cierre para sus empleados. Pandanés ya había ingresado en concurso preventivo a fines de 2025, producto de una caída del 50% en el volumen histórico de sus ventas y una acumulación millonaria de cheques rechazados. En el mensaje de despido, la empresa responsabilizó a la caída del consumo y adelantó que solicitará la quiebra formal.
Sin haber recibido aún los telegramas de despido que manda la ley y sumidos en una total incertidumbre sobre el pago de sus salarios adeudados e indemnizaciones, el personal de salón, panaderos, choferes y repartidores decidieron organizarse. Los trabajadores ya se encuentran coordinando protestas masivas en las puertas de la planta de producción para visibilizar el abandono empresarial y exigir la urgente intervención de las autoridades laborales para frenar el vaciamiento.