A LA CALLE POR LA SALUD DE LOS LABURANTES: LA CGT SE MOVILIZARÁ EL 26 DE NOVIEMBRE PARA FRENAR EL AHOGO A LAS OBRAS SOCIALES

LA CENTRAL OBRERA MARCHARÁ EL PRÓXIMO JUEVES A LAS 15 FRENTE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD TRAS ADVERTIR QUE 17 MILLONES DE BENEFICIARIOS CORREN RIESGO DE QUEDARSE SIN COBERTURA. LOS NÚMEROS FINOS DE UNA CAJA AL LÍMITE, TRES CUMBRES SECRETAS SIN RESPUESTA CON MARIO LUGONES, LA SOMBRA DE $688.000 MILLONES TRABADOS EN ECONOMÍA Y EL "MINIPARO" CON ASAMBLEAS QUE SE COCINA PARA DICIEMBRE.





La paciencia en Azopardo llegó a su límite y el tablero sindical volvió a calentarse de golpe. Con las cuentas en rojo vivo y las clínicas apretando por atrasos en los pagos, la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió salir a la calle el jueves 26 de noviembre, a partir de las 15, para movilizarse hasta la sede de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en Bartolomé Mitre al 400. El reclamo apunta al corazón de la estructura gremial: frenar el desfinanciamiento de las obras sociales sindicales antes de que el sistema colapse.


La hoja de ruta quedó sellada este jueves 19 de noviembre en una cumbre a puertas cerradas de la mesa chica cegetista, celebrada en la sede del Sindicato del Seguro (Carlos Pellegrini 575). Allí, el triunvirato que conduce la central —integrado por el anfitrión Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (SEIVARA, empleados del vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros)— encabezó la definición junto a pesos pesados del movimiento obrero como Héctor Daer (Sanidad), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria) y Guillermo Moser (Luz y Fuerza). Solo faltaron con aviso Andrés Rodríguez (UPCN) y Gerardo Martínez (UOCRA), quien se encuentra en Suiza participando de la agenda de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


"El jueves próximo, a las 15, la CGT realizará una movilización por la problemática que atraviesan las obras sociales sindicales, que este Gobierno está haciendo todo lo posible para desfinanciar. Son 17 millones de personas que pueden ver afectada su cobertura", disparó Cristian Jerónimo al confirmar la medida.



La radiografía del rojo: por qué la caja gremial está "casi terminal"


Más allá de la consigna callejera, los informes técnicos que circularon por la mesa chica describen una tormenta perfecta que los propios expertos de la central califican sin rodeos de "casi terminal". La ecuación que asfixia a las prestadoras sindicales tiene dos tenazas simultáneas: la caída del salario real achicó la recaudación por aportes y contribuciones, mientras que la suba de medicamentos y prestaciones médicas disparó el gasto corriente.


Pero el verdadero nudo crítico está en la trastienda del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), la caja que se nutre del aporte de trabajadores y empleadores para reintegrar a las obras sociales los tratamientos costosos. Según los relevamientos internos de la central obrera:


  • El 90% absorbido por un solo rubro: Cerca de nueve de cada diez pesos del FSR se destinan hoy a cubrir prestaciones vinculadas a la discapacidad.


  • Una factura mensual gigante: Ese frente insume alrededor de $160.000 millones por mes, con un gasto promedio cercano al millón de pesos por afiliado.


  • Sin aire para la alta complejidad: Con esa sangría, el margen para reintegrar medicamentos de altísimo costo y prácticas de alta complejidad quedó virtualmente licuado.


  • Sindicatos desangrados: Frente a los cortes de prestaciones y los atrasos con sanatorios y proveedores, varias organizaciones gremiales ya están desviando millonarios fondos de su propia caja sindical para sostener las obras sociales, un parche que empieza a comprometer el funcionamiento cotidiano de los gremios.



Tres cumbres reservadas con Lugones y el tapón de Economía


La decisión de marchar sobre el organismo que desde octubre conduce el ingeniero Horacio Guevara —reemplazante del renunciante Claudio Stivelman— no llegó de la noche a la mañana. Durante los últimos meses, la cúpula de la CGT mantuvo tres reuniones reservadas con el ministro de Salud, Mario Lugones, en la sede porteña de la UOCRA. La última tuvo lugar a fines de septiembre.


En esos encuentros herméticos, los dirigentes pusieron una propuesta concreta sobre la mesa: que los gastos de transporte y educación de las personas con discapacidad dejen de drenar el FSR y pasen a ser financiados por los ministerios estatales correspondientes. Es una vieja deuda que el sindicalismo ya había reclamado sin éxito en administraciones anteriores. Sin embargo, en Azopardo aseguran que Lugones jamás devolvió una respuesta operativa, y las miradas más filosas apuntan directo hacia el Palacio de Hacienda, donde Luis Caputo mantiene el torniquete presupuestario.



La interna que apuró la marcha: el factor Barrionuevo y los $688.000 millones


En la trastienda gremial, la convocatoria del 26 de noviembre también cumple una función política hacia adentro del propio movimiento obrero: recuperar la iniciativa. Semanas atrás, el jefe de los gastronómicos, Luis Barrionuevo, le ganó de mano a la conducción cegetista al impulsar junto a unos 50 gremios una avanzada judicial contra Luis Caputo por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.


El reclamo judicial de ese bloque apunta a la presunta retención de $688.000 millones que corresponderían al sistema de obras sociales. El origen de esa suma millonaria se remonta a un acuerdo de pago sellado en 2017 con la prepaga OSDE por aportes no ingresados, fondos que luego fueron transferidos a la órbita estatal mediante el Decreto 251/19 y que, según la denuncia sindical, siguen sin liberarse. Con la movilización frente a la SSS, la mesa chica busca mostrar músculo propio y evitar que la bandera de las obras sociales quede en manos de sectores por fuera de la conducción central.



Diciembre sin quinto paro: asambleas en los puestos de trabajo


La protesta del jueves 26 será apenas el primer golpe de un cierre de año calibrado al milímetro. Pese a sentirse envalentonados por los mensajes dedicados al mundo del trabajo que dejó el papa León XIV durante su reciente visita a la Argentina, los caciques sindicales descartaron convocar a un quinto paro general contra el gobierno de Javier Milei en lo que queda de 2026.


La razón es pragmática y defensiva: en la conducción admiten que la huelga clásica perdió filo tras cuatro paros previos, temen que una nueva medida total le sirva al oficialismo como combustible político y, sobre todo, buscan no golpear el presentismo ni el bolsillo flaco de los laburantes a fin de año.


La apuesta para mediados de diciembre será entonces una herramienta inédita para la central: ceses parciales de actividades de 2 a 4 horas —con sectores que analizan estirarlos hasta seis— con permanencia y asambleas en los lugares de trabajo. Así, mientras mantiene una hendija abierta por si la Casa Rosada llama a negociar, la CGT prepara una doble jugada para cerrar el año con las bases movilizadas y el foco puesto donde más duele: la salud de los trabajadores y la supervivencia de las cajas sindicales.


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