EL JUEZ FEDERAL SEBASTIÁN CASANELLO LLAMÓ A DECLARAR A SERGIO AGUIRRE Y ORDENÓ EMBARGOS ANTE UN PRESUNTO FRAUDE QUE SUPERA LOS 266 MILLONES DE PESOS. LA MANIOBRA, OCURRIDA DURANTE LA INTERVENCIÓN GUBERNAMENTAL DE LA OBRA SOCIAL DE LA UATRE, EXPONE LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS A ALLEGADOS DEL PODER POLÍTICO, EN DIRECTO PERJUICIO DE LA COBERTURA SANITARIA DE MEDIO MILLÓN DE PEONES RURALES Y SUS FAMILIAS.
La crisis institucional y sanitaria que atraviesa la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) sumó un nuevo capítulo judicial. En los últimos días, el juez federal Sebastián Casanello citó a declaración indagatoria para el próximo 13 de agosto a Sergio Aguirre, socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, en el marco de una investigación por fraude y presunto desvío de recursos que debían destinarse a la salud de los afiliados.
La causa, impulsada por una denuncia del propio secretario general de la UATRE, José Voytenco, e investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, pone la lupa sobre el accionar de la intervención dispuesta por el Gobierno nacional en agosto de 2024. El expediente expone que, en lugar de sanear las cuentas de la entidad sindical —argumento oficial para justificar la intromisión en la obra social—, se habrían montado mecanismos para canalizar fondos hacia empresas recientemente constituidas por actores vinculados a la cúpula de La Libertad Avanza.
El esquema de contrataciones
El eje de la imputación penal recae sobre la firma HTECH Innovation, una empresa de servicios informáticos constituida por Aguirre en abril de 2024, apenas cuatro meses después del inicio de la gestión libertaria. Aguirre mantiene un vínculo comercial directo con Martín Menem: ambos comparten en partes iguales el paquete accionario de la empresa de suplementos dietarios TR Nutrition.
La investigación comprobó una grave irregularidad contable que encendió las alarmas de la Justicia: HTECH Innovation inauguró su talonario de facturación operando exclusivamente con OSPRERA. En noviembre de 2024, la obra social intervenida le abonó las primeras facturas emitidas por la compañía (N° 0000001 y N° 0000002) por más de 47 millones de pesos. La maniobra investigada abarca un desvío total de $266.675.288 ocurrido entre noviembre de 2024 y julio de 2025.
Por este motivo, Casanello no solo citó a Aguirre, sino también a los interventores designados por el Gobierno y a otros dos socios de la firma informática, trabando además embargos preventivos. En el fallo, el magistrado remarcó que las adquisiciones recientes de vehículos de alta gama por parte de los imputados exponen que dicho patrimonio estaría asociado a las "ganancias ilícitas" extraídas de los contratos con OSPRERA.
El impacto real en la familia rural
Desde una perspectiva gremial, el caso evidencia una dura realidad: las intervenciones políticas sobre el sistema solidario de salud sindical suelen ser utilizadas como "cajas" ajenas a las verdaderas necesidades de sus beneficiarios.
Mientras desde el Estado se instrumentaban estos giros millonarios por servicios tecnológicos cuestionados, cientos de miles de peones rurales y estibadores a lo largo de todo el país continuaron padeciendo cortes drásticos en sus coberturas, falta de atención en clínicas, suspensión de tratamientos oncológicos y un virtual estado de abandono en las delegaciones provinciales.
A la gravedad de las contrataciones se suma la aparición de evidencia en los teléfonos peritados del actual interventor de OSPRERA, donde figuran mensajes que aluden a que las decisiones estratégicas y comerciales debían ser avaladas por "Martín" y "Lule" (en referencia a Eduardo Menem, subsecretario de Gestión Institucional).
Para las bases de la UATRE, la Justicia deberá determinar ahora las condenas correspondientes, pero el daño institucional subraya una urgencia impostergable: frenar la injerencia de intereses corporativos y políticos en la salud de los trabajadores, y restablecer la autarquía de los fondos que le pertenecen, exclusivamente, a la familia rural argentina.