UN INFORME TÉCNICO DE LA SECRETARÍA DE ACCIÓN SOCIAL DE LA CGT, ACTUALIZADO AL 31 DE MARZO DE 2026, DENUNCIA UNA CRISIS FINANCIERA ESTRUCTURAL QUE AFECTA A 14 MILLONES DE AFILIADOS. CON UNA RECAUDACIÓN PROMEDIO DE $67.525 POR BENEFICIARIO FRENTE A UN COSTO DEL PMO DE $85.000, EL SISTEMA REGISTRA UN DÉFICIT DEL 25% QUE YA SE TRADUCE EN DEMORAS EN PAGOS A PRESTADORES, RECORTE DE PRESTACIONES Y AMENAZA DIRECTA A LA ATENCIÓN BÁSICA.
En un documento presentado por el secretario de Acción Social de la CGT, José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), ante el Consejo Directivo cegetista, la central obrera califica la situación como “grave” y, para muchas entidades, “casi terminal” por la “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”. Los prestadores, por su parte, confirman el alerta: la cadena de pagos se resiente, lo que genera demoras crecientes en autorizaciones, turnos y tratamientos, poniendo en jaque la cobertura de salud que los trabajadores conquistaron históricamente a través de sus organizaciones sindicales.
El informe detalla un desfasaje insostenible entre ingresos y egresos. La recaudación por aportes y contribuciones (el histórico 9% del salario de los trabajadores) ha perdido alrededor del 30% de poder adquisitivo, mientras que los costos de las prestaciones médicas crecen por encima de la inflación general. Más de 11 millones de afiliados (el 78,5% del padrón total) no alcanzan a cubrir el costo per cápita del Programa Médico Obligatorio (PMO). Además, 9 millones se ubican por debajo del promedio de recaudación, lo que agrava las asimetrías internas del sistema.
Entre las causas principales identificadas por la CGT se encuentran:
- Caída de ingresos reales: Los aportes de los monotributistas incorporados al sistema rondan apenas los $20.000 por persona, un 290% por debajo del costo real del PMO, y con una carga de enfermedad superior a la de los afiliados de actividad.
- Transferencias insuficientes: El PAMI remite solo $48.269 por jubilado a las obras sociales, muy por debajo de lo que recauda el organismo ($159.000 aproximados) y sin contraprestación equivalente de servicios.
- Aumento desmedido de costos: La inflación en salud (medicamentos, insumos y honorarios) supera ampliamente los índices generales. La capacidad de compra de medicamentos ambulatorios de uso habitual ya se había reducido un 49% entre 2018 y 2023, y la tendencia se mantiene.
- Distorsiones en el financiamiento: La reducción de aportes de salarios altos (del 20% al 15% por DNU) y la distribución “inequitativa” de subsidios estatales como el SUMA, SUMARTE y SUMA 65 benefician por igual a grandes prepagas que a las obras sociales de menores recursos, vaciando progresivamente el Fondo Solidario de Redistribución. Las prestaciones de discapacidad consumen más del 75% de ese fondo.
Esta crisis ya tiene impacto concreto en la atención. Se registran demoras sistemáticas en pagos a clínicas, sanatorios y profesionales, lo que genera a su vez esperas prolongadas para turnos, autorizaciones y tratamientos. Los prestadores advierten que el sistema atraviesa una situación crítica que pone en riesgo la cobertura básica, con recortes en prestaciones y creciente malestar entre los afiliados. Muchas obras sociales solo evitan la cesación de pagos gracias al auxilio económico directo de los sindicatos.
El panorama se agrava con los datos oficiales: la Superintendencia de Servicios de Salud ya declaró en “situación de crisis” a 15 obras sociales (las dos últimas, en abril de 2026, fueron las del Personal Directivo de la Industria de la Construcción y la del Personal de la Industria del Pescado de Mar del Plata). Algunas fueron dadas de baja y otras intervenidas (como OSPRERA y la de Ladrilleros), lo que evidencia el colapso progresivo de entidades que históricamente garantizaron la salud de los trabajadores formales.
Desde el enfoque gremial, la CGT sostiene que los fondos de las obras sociales provienen del esfuerzo de los trabajadores y que su manejo por parte del Ministerio de Salud y la Superintendencia resulta inequitativo. “No se trata de un problema coyuntural, sino de un desfinanciamiento estructural que amenaza uno de los pilares del modelo de protección social argentino”, señala el informe. La central obrera advierte que, sin una recomposición urgente de los ingresos y una revisión profunda del esquema de financiamiento, el derecho a la salud de millones de familias trabajadoras quedará en serio riesgo.
Frente a esta alerta, los sindicatos reafirman su compromiso de defender el sistema de obras sociales como herramienta clave de la seguridad social conquistada por los trabajadores. La CGT exige medidas inmediatas que garanticen la sustentabilidad financiera y la continuidad de las prestaciones básicas, en defensa del modelo solidario que ha sido pilar de la protección sanitaria en Argentina. La salud de los afiliados no puede esperar.