LA CGT CELEBRÓ UN ACATAMIENTO SUPERIOR AL 90% EN EL PARO GENERAL DE ESTE 19 DE FEBRERO DE 2026, PARALIZANDO EL PAÍS EN RECHAZO A LAS POLÍTICAS PRECARIZADORAS DEL GOBIERNO. CON FUERTE IMPACTO EN TRANSPORTE, INDUSTRIA Y SERVICIOS, LA MEDIDA MARCA EL INICIO DE UNA RESISTENCIA UNIFICADA CONTRA EL DESMANTELAMIENTO DE DERECHOS LABORALES, SOLIDARIZÁNDOSE CON LOS DESPEDIDOS DE FATE Y ADVIRTIENDO ESCALADAS FUTURAS.
El paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) este jueves 19 de febrero de 2026 se erigió como un bastión inquebrantable de la dignidad obrera, logrando un acatamiento masivo que superó el 90% en todo el territorio nacional. Bajo el lema "No entregaremos las conquistas laborales", la central sindical demostró la fuerza unificada del movimiento obrero ante el "ataque frontal" de la reforma laboral debatida en la Cámara de Diputados.
Desde tempranas horas, el país se paralizó: sin colectivos, trenes, subtes ni vuelos, el transporte público registró adhesión casi total, dejando calles desoladas y afectando la logística diaria. Gremios clave como la UTA, Unión Ferroviaria y APA se sumaron con firmeza, amplificando el impacto en sectores estratégicos. La industria, con paros en metalúrgicos (UOM), aceiteros y camioneros, evidenció la crisis: el cierre de Fate, con 920 despidos, fue atribuido al "fracaso económico" del Gobierno, marcado por aperturas importadoras y sobrecargas impositivas que erosionan el empleo de calidad.
En servicios públicos, ATE y Luz y Fuerza garantizaron guardias mínimas, mientras bancos (Asociación Bancaria) y comercio cerraron puertas, reflejando el rechazo a modificaciones en indemnizaciones, licencias y condiciones laborales que precarizan a millones de trabajadores. La educación, con CTERA y CONADU a la cabeza, dejó aulas vacías, y muchas provincias reportaron impacto total en servicios y transporte. Sin embargo, el acatamiento fue desigual: en Tucumán, el centro comercial mostró bajo impacto, aunque el transporte complicó traslados.
El Gobierno estimó pérdidas por US$600 millones, calificando la medida como "extorsiva", pero la CGT contrapuso que el verdadero costo es la caída de 300.000 empleos formales y la pobreza creciente. Una encuesta reveló que el 71,9% respalda el paro, con caída en el apoyo a la reforma. "Esto es el comienzo de la resistencia", advirtieron dirigentes como Jorge Sola, endureciendo críticas a gobernadores y legisladores, y prometiendo escaladas si la ley avanza al Senado.
Este cuarto paro contra Milei en 800 días consolida la unidad sindical: sectores duros como camioneros y aceiteros se alinean para defender la soberanía laboral. Ante la desindustrialización y la falta de diálogo, el movimiento obrero reafirma: sin justicia social, no hay libertad. Las familias no llegan a fin de mes, y el pueblo trabajador no permitirá retrocesos. El paro deja un mensaje claro: la lucha continúa por un país con trabajo digno.