EL SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL NEUMÁTICO (SUTNA) DENUNCIA EL CIERRE ABRUPTO DE LA HISTÓRICA FÁBRICA COMO UN LOCKOUT PATRONAL ILEGAL, VIOLANDO ACUERDOS PARITARIOS Y DEJANDO SIN SUSTENTO A CIENTOS DE HOGARES. LOS OPERARIOS OCUPAN LA PLANTA EN SAN FERNANDO EXIGIENDO REAPERTURA INMEDIATA, MIENTRAS EL GOBIERNO CONVOCA A UNA AUDIENCIA DE MEDIACIÓN.
En un golpe devastador para el sector industrial argentino, la empresa Fate, emblemática productora de neumáticos con más de 80 años de trayectoria, anunció este 18 de febrero su cierre definitivo, despidiendo a 920 empleados de su planta en Virreyes, San Fernando. Los trabajadores, al llegar al turno matutino, se encontraron con un cartel que informaba el cese de actividades, sin previo aviso ni negociación, lo que el SUTNA califica como un "cierre ilegal" que infringe una cláusula de no despidos vigente hasta el 30 de junio.
Alejandro Crespo, secretario general del SUTNA, denunció desde el interior de la fábrica: "Es un ataque a la mano de obra nacional. Hay cientos de familias destruidas por esta decisión patronal arbitraria". Los operarios, respaldados por delegados gremiales, ingresaron a la planta para protestar, enfrentando tensión con la Policía Bonaerense, que disparó balas de goma y detuvo brevemente a Crespo –quien luego desmintió su arresto y convocó a la solidaridad sindical–. "No generamos violencia; luchamos por nuestros puestos", afirmó Sebastián Tesoro, delegado de Fate, destacando 14 meses sin aumentos salariales y el impacto en tercerizados.
El cierre se enmarca en una crisis agravada por la apertura importadora, con récords de neumáticos chinos inundando el mercado –más de 860.000 unidades en mayo de 2025–, sobrecargas impositivas y restricciones cambiarias que erosionaron la competitividad. La familia Madanes Quintanilla, propietaria también de Aluar y con un patrimonio estimado en USD 1.500 millones, liquida el negocio argumentando "cambios en el mercado", pero el gremio acusa un plan para disciplinar a los trabajadores tras conflictos históricos.
Desde el SUTNA exigen intervención estatal: solicitaron audiencias ante la Secretaría de Trabajo –que convocó una mediación virtual a las 12:30– y la Secretaría de Industria. Solidaridad llega de otros sindicatos, como ATE y la Federación Aceitera, que repudian la "militarización" y llaman a defender el empleo industrial.
Este cierre no solo afecta directamente a 920 familias, sino al entramado productivo nacional, con proveedores locales y exportaciones truncas. El SUTNA advierte: "No aceptaremos migajas; pelear por la reapertura es pelear por la soberanía industrial". En un contexto de desindustrialización, el movimiento obrero se une contra políticas que priorizan importaciones sobre el trabajo argentino.
