LA DENUNCIA CONTRA JUAN MANUEL PICÓN, GERENTE GENERAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS DE SALUD, EXPONE CÓMO LAS INTERVENCIONES DEL GOBIERNO DE MILEI EN OBRAS SOCIALES SINDICALES FAVORECEN INTERESES PRIVADOS, PERJUDICANDO A LOS TRABAJADORES Y SUS SISTEMAS DE SALUD SOLIDARIOS.
En un nuevo golpe a la autonomía sindical, el fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la contratación de la empresa SAAS SAU por la Obra Social del Personal de la Industria del Fósforo, Encendido y Afines (Ospif), intervenida por el Gobierno nacional. Desde una perspectiva gremial, este caso ilustra cómo las políticas libertarias de Javier Milei utilizan las intervenciones para desmantelar las obras sociales gestionadas por los sindicatos, abriendo la puerta a negocios opacos que benefician a funcionarios y empresas afines, en detrimento de los derechos laborales y la salud de los afiliados.
Juan Manuel Picón, fundador y ex presidente de SAAS SAU –una firma especializada en software para obras sociales–, asumió en marzo de 2024 como gerente operativo en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), organismo dependiente del ministro Mario Lugones encargado de supervisar estas entidades. Apenas cuatro meses después, en julio de 2024, su empresa fue contratada por Ospif, una de las ocho obras sociales intervenidas durante la actual administración. Picón ascendió a gerente general de la SSS ese mismo mes, lo que genera sospechas de conflicto de intereses y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según la investigación preliminar de Marijuan, SAAS SAU, creada por Picón en agosto de 2021, ofrece soluciones informáticas que optimizan procesos en obras sociales, como la integración de facturas por discapacidad y el intercambio de datos con prestadores. Entre sus clientes figuran entidades sindicales como la obra social de camioneros, trabajadores de prensa y despachantes de aduana. Sin embargo, el contrato con Ospif –vigente al menos hasta agosto de 2024– se firmó tras la intervención gubernamental, lo que sugiere un uso indebido de la SSS para favorecer negocios privados.
Esta situación no es aislada: las intervenciones en obras sociales representan un ataque directo a la soberanía sindical, consagrada en la Constitución y leyes laborales. Los sindicatos denuncian que el Gobierno busca desfinanciar y privatizar estos sistemas solidarios, que cubren la salud de millones de trabajadores. "Esto es un claro ejemplo de cómo los funcionarios libertarios priorizan el lucro personal sobre el bienestar colectivo", alertan referentes sindicales, exigiendo transparencia y el fin de las intervenciones.