MIENTRAS LA CONDUCCIÓN DEL SINDICATO DE LA FRUTA NIEGA PROBLEMAS EN LA OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA ACTIVIDAD FRUTÍCOLA (OSPAF), UNA RESOLUCIÓN OFICIAL CONFIRMA SU BAJA POR IRREGULARIDADES, DEJANDO A LOS AFILIADOS EN LA INCERTIDUMBRE Y ENCENDIENDO EL DEBATE EN EL SECTOR.
La Obra Social del Personal de la Actividad Frutícola (OSPAF), con sede en Concordia, atraviesa una tormenta que sacude al gremio de los trabajadores de la fruta. En los últimos días, la conducción del sindicato salió a desmentir rumores de crisis, asegurando que la entidad sigue operativa y brindando prestaciones. Sin embargo, la Superintendencia de Servicios de Salud, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, emitió la Resolución 1662/2025, que dispone el inicio del proceso de baja de OSPAF del Registro Nacional de Agentes del Seguro (R.N.A.S. N.º 1-0840-7) debido al incumplimiento de un plan de contingencia previamente aprobado.
La resolución oficial señala que OSPAF no subsanó irregularidades financieras y administrativas detectadas, lo que llevó a la Gerencia de Control Financiero y Económico a iniciar el procedimiento de liquidación. Los afiliados serán notificados para elegir otra obra social o, en su defecto, la Superintendencia asignará una cobertura alternativa. El Consejo Directivo de OSPAF, además, deberá actuar como Comisión Liquidadora o enfrentar la quiebra.
Desde el sindicato, liderado por Alcides Camejo, se emitió un comunicado insistiendo en que no hay suspensión de servicios y atribuyendo el déficit financiero a la alta informalidad en el sector frutícola. Sin embargo, la situación se agrava por denuncias de malversación de fondos y desprolijidades administrativas. Leandro Ragone, trabajador y denunciante, exigió la intervención del gremio y advirtió sobre un presunto vaciamiento de la obra social, sumando presión a una comisión directiva ya cuestionada por irregularidades y una investigación judicial en curso.
La baja de OSPAF se inscribe en un contexto de reordenamiento del sistema de salud impulsado por el Gobierno Nacional, que ya dio de baja a otras obras sociales por irregularidades, como las del Personal Municipal de Avellaneda y del Azúcar del Ingenio San Martín. Este proceso genera preocupación entre los trabajadores frutícolas, quienes temen por la continuidad de su cobertura médica. La Superintendencia asegura que los afiliados no quedarán desprotegidos, pero la incertidumbre persiste en un sector ya golpeado por la crisis económica y la informalidad laboral.
El gremio enfrenta ahora el desafío de responder a las demandas de transparencia y garantizar los derechos de sus afiliados, mientras la resolución oficial pone en jaque la viabilidad de su obra social. La controversia expone las tensiones internas y la necesidad de una gestión responsable para proteger a los trabajadores.