LA EMPRESA ALCALIS DE LA PATAGONIA (ALPAT) FORMALIZÓ LA CESANTÍA DE 41 TRABAJADORES EN MEDIO DE NEGOCIACIONES CON EL GREMIO QUÍMICO SPIQYP, QUE DENUNCIÓ LOS DESPIDOS COMO “INTEMPESTIVOS Y ANTISINDICALES”. LA SECRETARÍA DE TRABAJO DE RÍO NEGRO DICTÓ LA CONCILIACIÓN OBLIGATORIA Y CONVOCÓ A UNA AUDIENCIA PARA RESOLVER EL CONFLICTO.
San Antonio Oeste, Río Negro – La crisis en Alcalis de la Patagonia (Alpat), productora de carbonato de sodio en San Antonio Oeste, se agudizó con el despido de 41 trabajadores, generando una fuerte reacción del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQYP). La Secretaría de Trabajo de Río Negro intervino dictando una conciliación obligatoria por 10 días hábiles y convocó a una audiencia para el viernes 19 de septiembre a las 10 en su delegación local, en un intento por apaciguar el conflicto que amenaza con escalar.
A inicios de 2025, Alpat presentó un procedimiento preventivo de crisis ante la Secretaría de Trabajo provincial, advirtiendo la necesidad de reducir su planta de personal, que supera los 500 empleados. Como parte de este plan, la empresa propuso un régimen de retiros voluntarios que no alcanzó los resultados esperados. A cambio, el Estado provincial otorgó una asistencia económica de cinco cuotas mensuales de aproximadamente 617 mil dólares para sostener la operación. Sin embargo, la situación dio un giro inesperado esta semana cuando la compañía notificó los despidos, desatando la indignación del gremio.
El lunes, tras una movilización de Spiqyp por reclamos laborales, se llevó a cabo una audiencia de conciliación en la delegación de Trabajo de San Antonio Oeste. Según Ariel Castillo, secretario general del sindicato, en esa instancia se alcanzó un acuerdo que contó con el respaldo de los trabajadores. Sin embargo, al día siguiente, 41 empleados recibieron telegramas de despido, lo que el gremio calificó como un acto de “mala fe” por parte de Alpat. “La negociación derivó en un acuerdo, tuvo el consenso de la gente por sus logros, pero, al otro día, 41 trabajadores recibieron el telegrama de despido”, denunció Castillo, señalando que la empresa actuó con “intención de inducir a error” al ocultar sus planes durante la negociación.
En respuesta, Spiqyp presentó una denuncia formal ante la Secretaría de Trabajo, acusando a Alpat de realizar “despidos intempestivos y antisindicales” sin consulta previa al sindicato, lo que consideran una violación del orden público laboral. El gremio argumentó que la empresa omitió informar sobre las cesantías en la audiencia del lunes, vulnerando la buena fe negociadora. Además, destacó el impacto de los despidos en las 41 familias afectadas, el tejido social de San Antonio Oeste y la economía local, advirtiendo que estas medidas generan “inseguridad económica, debilitan la cohesión social y afectan la estabilidad de comercios y servicios”.
La Secretaría de Trabajo, a cargo de Martha Avilez, dispuso la conciliación obligatoria para retrotraer la situación al estado previo al conflicto. Esta medida implica que Alpat debe reincorporar a los trabajadores despedidos y abstenerse de modificar unilateralmente las condiciones laborales, mientras que el gremio debe suspender cualquier medida de acción directa. Ambas partes están obligadas a retomar un proceso de negociación de buena fe para buscar una solución consensuada.
Desde Alpat no se emitieron declaraciones oficiales, lo que profundiza la incertidumbre en la comunidad. El gremio, por su parte, espera una resolución favorable en la audiencia del viernes, mientras mantiene su postura de defensa de los puestos de trabajo y los derechos laborales. El conflicto, que pone en jaque la estabilidad de una de las principales fuentes de empleo de San Antonio Oeste, será clave para el futuro de las relaciones laborales en la región.