TRAS INTENSAS NEGOCIACIONES Y MOVILIZACIONES, APINTA Y ATE CELEBRAN UN ACUERDO QUE EVITA DESPIDOS MASIVOS Y EL CIERRE DE 41 AGENCIAS DE EXTENSIÓN, DEFENDIENDO EL ROL DEL ORGANISMO EN EL DESARROLLO AGROPECUARIO.
Los gremios que representan a los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Asociación del Personal del INTA (APINTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), lograron un importante triunfo en su lucha contra el plan de ajuste impulsado por el Gobierno nacional. Este plan, que buscaba cerrar 41 agencias de extensión rural, eliminar 75 cargos y reducir significativamente la estructura del organismo, incluía la posibilidad de dejar sin empleo a más de 1.500 trabajadores, según denunciaron los sindicatos. Sin embargo, tras una fuerte resistencia gremial que incluyó marchas, asambleas y negociaciones con el Consejo Directivo del INTA, se alcanzó un compromiso clave: no habrá despidos y se preservará la presencia territorial del instituto.
El conflicto comenzó a tomar forma pública en noviembre de 2024, cuando el Gobierno anunció un supuesto "plan de modernización" que implicaba la venta de inmuebles, la cesión de tierras experimentales y una reestructuración profunda del INTA. Entre las medidas más controvertidas se encontraba el cierre de la Estación Experimental Agropecuaria del Área Metropolitana de Buenos Aires (EEA AMBA), que brinda asistencia técnica a 39 municipios y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como la eliminación de todas las Agencias de Extensión Rural (AER) y los Institutos de la Agricultura Familiar (IPAF). Los gremios calificaron estas propuestas como un "desguace" que atentaba contra la esencia misma del INTA, un organismo creado para impulsar la investigación y el desarrollo sostenible del sector agropecuario, con un fuerte enfoque en la agricultura familiar y las economías regionales.
"El INTA que conocemos, el que trabaja democráticamente para todos los sectores productivos, estaba en peligro", afirmó Mario Romero, secretario general de APINTA, durante una movilización frente a la sede central del organismo en Buenos Aires el pasado 27 de febrero. En esa jornada, los trabajadores señalaron que el Consejo Directivo había presentado un proyecto alineado con las políticas de ajuste del Ejecutivo, liderado por el presidente Nicolás Bronzovich y la vicepresidenta María Beatriz Giraudo, ambos cuestionados por los sindicatos por su cercanía con intereses del agronegocio concentrado.
La presión gremial rindió frutos. Tras doce horas de debate en la última reunión del Consejo Directivo, realizada el 28 de febrero de 2025, varios consejeros abandonaron la sesión, dejando sin quórum la votación de las medidas más drásticas. Este desenlace fue interpretado por los sindicatos como una victoria parcial, ya que forzó al Gobierno a retroceder en su intención de implementar despidos masivos y cierres inmediatos. "Logramos que el Gobierno ceda. Es un primer paso", destacó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien subrayó la importancia de la unidad y la movilización para defender los puestos de trabajo y el rol del INTA en el interior del país.
No obstante, los gremios mantienen la guardia alta. Si bien el acuerdo garantiza la continuidad laboral de los 6.123 agentes que integran la planta del INTA (86% permanente y 14% no permanente, según datos oficiales de enero de 2025), persisten dudas sobre el futuro de las políticas de extensión y apoyo a pequeños productores. "No vamos a permitir que el INTA se convierta en una herramienta al servicio exclusivo del agronegocio", advirtió Julieta Boedo, delegada gremial de ATE, quien también llamó a las bases a permanecer en estado de alerta y asamblea permanente.
Desde el sector sindical, se destaca que este logro no solo preserva fuentes de trabajo, sino que también reafirma la relevancia del INTA como un organismo público clave para el desarrollo territorial y la soberanía alimentaria. "Todavía tenemos INTA para un rato más", celebró Romero, en un mensaje que busca transmitir esperanza a los trabajadores, pero también un llamado a no bajar los brazos frente a futuros intentos de ajuste. La lucha gremial, aseguran, continuará para garantizar que el instituto mantenga su misión histórica al servicio de todos los sectores del campo argentino.